Apesar de todos nuestros avances como sociedad y los esfuerzos para consolidar modelos más inclusivos, todavía hoy cada día somos testigos de discriminación, todavía somos vulnerables ante las desigualdades. El color de la piel, la etnia, el origen, la discapacidad, la clase social, la identidad sexual, el género, las creencias religiosas, la pobreza o la edad siguen siendo excusas para la discriminación.
Ante esta realidad, hay que dar respuestas. Y más cuando estamos viendo en toda Europa y en todo el mundo cómo la escalada de los discursos del odio vuelven a articularse en propuestas políticas grandilocuentes y que han tenido al ya expresidente de Estados Unidos Donald Trump como su máximo exponente.
La toma del Capitolio de Estados Unidos por una turba ultraderechista ha sido mucho más grave que las tremendas imágenes que vimos en las televisiones. Han puesto en escena una deriva mundial de una ideología que usa y abusa de la ciudadanía. Está siendo indignante el acoso en nuestra sociedad a personas inmigrantes, homosexuales, mujeres, defensores de los Derechos Humanos. Acoso y agresiones a la democracia. Todas son acciones miserables que advierten y amenazan sobre un temido cambio en el mundo, dirigido por esos personajes y gobernantes con carácter autoritario que, en todas partes, están fluyendo aprovechando el sufrimiento de la ciudadanía.
Todas estas situaciones no se dan solo en contextos lejanos geográficamente, se dan en nuestras ciudades, cada vez que alguien menoscaba el derecho de otro a ser diferente. Todas las personas que creemos en modelos de sociedad respetuosos e inclusivos con la diferencia no podemos callar ante la escalada de estos discursos, y desde luego los y las socialistas no lo haremos. No podemos tolerar el menosprecio a nuestros iguales, la humillación hacia la diferencia es inaceptable en nuestras sociedades contemporáneas, por eso el grupo socialista en el Congreso ha dado un paso importantísimo al registrar una iniciativa legislativa para aprobar una ley necesaria: la ley de igualdad de trato y no discriminación.
Una iniciativa que se impulsa junto a la sociedad civil, junto a colectivos comprometidos con la igualdad, la integración y los derechos humanos. No debemos tolerar el amenazante momento que vivimos. Precisamente en un contexto de radicalización (también de las derechas de las que deberíamos esperar más sentido de estado), con una presencia creciente de la ultraderecha en las instituciones, necesitamos más que nunca un marco jurídico ambicioso.
La ley se basa en el derecho al respeto a la dignidad de la persona y el derecho a la igualdad de trato, y sentará las bases mínimas del derecho antidiscriminatorio. Esta ley incorporará en el marco jurídico español las directrices que la Unión Europea ya ha adoptado sobre el desarrollo de la Carta de los Derechos Fundamentales. Se trata de garantizar el derecho a la dignidad, a la libertad. Una herramienta fundamental, como no, para combatir la discriminación, para frenar y penar el autoritarismo y toda la ignominia.
El respeto a la diversidad es garantía de convivencia y bienestar ciudadano. Un horizonte de igualdad que todos y todas debemos perseguir. H
*Alcaldesa de Castelló
