España es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando con la presentación de un documento de promesas y compromisos voluntarios, fue elegida con el apoyo de 180 votos desde el 2018 al 2020.

Con ese documento España dio a conocer su compromiso con la promoción y la protección de los derechos humanos y fueron esas aportaciones por las que se valoró su elección en reconocimiento del compromiso de los poderes públicos y de la sociedad española con los derechos humanos; además de significar una expresión de confianza en España. Como un país muy comprometido con los derechos humanos, la protección y promoción de los mismos, constituyen un eje prioritario de la política exterior. Mientras dure su mandato en el Consejo, España se comprometía a promocionar diversos aspectos en los que por la experiencia se haría posible mejorar el trabajo, como la lucha contra la discriminación y el logro de una igualdad de oportunidades real y efectiva; la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales; la promoción de la democracia y el Estado de derecho, o la lucha contra el racismo, la xenofobia y los delitos de odio; entre otros.

La lucha contra el racismo, la xenofobia y los delitos de odio era uno de los puntales sobre los que se apoyaba esa candidatura en el 2017, incluida en ese documento de promesas y compromisos si España llegaba a ser elegida miembro, y lo fue. El pasado 31 de diciembre del 2020, la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución por la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia; y lo hizo con 124 votos a favor, 44 abstenciones, entre ellas España, y 12 votos en contra. ¿Qué ha pasado para que nos abstuviéramos? Porque se supone que ese día aún seguíamos formando parte del Consejo de Derechos Humanos, y aunque no fuera así, nos habíamos comprometido a luchar contra el racismo, la xenofobia y los delitos de odio.

La Asamblea General expresa a través de esta resolución su preocupación por el aumento del discurso de odio, que constituye, claramente, una incitación al racismo, la violencia y la hostilidad, y señala claramente la importancia de hacer frente a la propagación de movimientos extremistas y racistas de diversa índole, basados en ideologías nacionalistas y de derechas, así como la superioridad racial. Por otra parte, evidencia la necesidad de promover la tolerancia, la inclusión y el respeto por la diversidad, así como la necesidad de encontrar elementos comunes entre las civilizaciones y en el seno de estas a fin de hacer frente a los desafíos comunes de la humanidad que amenazan los valores compartidos, los derechos humanos universales y la lucha contra el racismo. También condena la violencia policial y las prácticas de carácter racista por parte de las fuerzas del orden.

Claro es que esta resolución no tiene carácter vinculante en el ámbito legal, pero si tiene un alto valor moral, constituyendo la base para la defensa de la dignidad y de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo que son víctimas del racismo estructural en todo el mundo. Esta abstención no se entiende. H

*Diputada de Unides Podem por Castellón en les Corts