Cinco años de nueva gestión de la dependencia del Consell Valencià va dando frutos, frente a un sistema de aplazamiento y recorte de derechos para las personas en el ámbito de la dependencia, heredado del gobierno popular.
Ayer compareció la vicepresidenta del gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en la Comisión de Políticas Sociales y Empleo, de la cual soy portavoz, para informarnos sobre el balance de los cinco años de gestión del sistema de promoción de autonomía personal y atención a las persones en situación de dependencia.
Una deuda de 31 millones, una antigua deuda del gobierno del PP, a las personas más necesitadas, ocasionada por un sistema creado sin pensar en los valencianos y valencianas. Una deuda a la que tuvo que hacer frente el gobierno del Botànic en el 2016.
Recortes que, con el gobierno de Rajoy en el 2012, restringían derechos relacionados a la dependencia, como la supresión de compatibilidades entre servicios, la disminución de servicios como la ayuda a domicilio o la supresión de la cotización pública de los o las cuidadoras familiares. A esto se añadía por parte del gobierno valenciano del PP en aquellos años: más reducción de los montos de las prestaciones, el copago confiscatorio en centros de día y residenciales o el cobro de 14 cuotas en lugar de 12 en residencias y centros de día. Todo un sistema que generaba en el ámbito de la dependencia desigualdad.
Replantear aspectos básicos y fundamentales
Ante este escenario, por supuesto que era urgente que la Conselleria se replantease aspectos tan básicos y fundamentales como la compatibilidad de recursos, la proximidad y el papel del municipalismo en la gestión del sistema y la promoción de la autonomía personal por delante de la concepción institucionalista.
Con el Decreto 62/2017 del Consell, del 19 de mayo, como bien nos informó la consellera, se da cobertura legal a la integración de los servicios municipales de atención a la dependencia en los servicios generales.
Esta nueva forma de gestionar el sistema de la dependencia, iniciada por el Gobierno del Botànic, con proximidad y contando con el papel del municipalismo en la gestión es lo que ha permitido ganar en rapidez y eficiencia y que permite ver y comparar dos formas distintas de gobernar: una que recorta y otra que pone a las personas en el centro.
Ayer el Consejo de Ministros aprobó la distribución de 283 millones entre las comunidades autónomas para la dependencia, dando cumplimiento a uno de los compromisos que se adquirió en el acuerdo de Gobierno de la coalición progresista.
Desde Unides Podem vemos con ilusión que sí se puede mejorar cuando hay voluntad política, se va poniendo orden en un sistema que ciertamente no solucionaba las necesidades sociales más urgentes y ello lo agradece la ciudadanía valenciana, pero queda trabajo por hacer.
Diputada de Unides Podem por Castellón en Les Corts
