Entre las muchas habilidades que tiene el ave rapaz denominado buitre, está la de la planear a gran altura haciendo uso de una vista aguda para localizar a su próxima víctima. Seguro que esta imagen es capaz de evocar un sinfín de situaciones en las que la libertad de mercado ha provocado un sentimiento similar a la incertidumbre de ser presa de este animal. Normalmente, esta sensación sobrevuela sobre la pobreza, la marginación y la exclusión social, entre el miedo a perder lo más básico: salud, empleo, vivienda, dignidad… Atrapa a las personas bajo las garras de la desigualdad.
Sin duda, la crisis económica derivada del covid ha generado muchas situaciones de emergencia social para una parte importante de la población, entre otras cuestiones debido a la salida del mercado laboral de un número importante de trabajadores y trabajadoras, conllevando problemas económicos graves y una afectación directa en elementos centrales de sus vidas como es el pago de la vivienda.
De hecho, en la actualidad existen factores determinantes que dificultan el acceso a la vivienda, entre ellos, la poca oferta de alquiler asequible, la falta de vivienda social o las prácticas especulativas de grandes poseedores, cuya consecuencia principal consiste en una escalada de precios que obstaculiza inevitablemente la garantía de este derecho constitucional.
Es por ello, que la acción especulativa de los fondos buitre y otros grandes propietarios nocivos para el acceso a la vivienda se ha desarrollado sin límites amenazando con dejar en la calle a cientos de personas en el País Valenciano todos los años.
Corporaciones económicas se esconden bajo este término de fondos buitre, inversores que compran grandes paquetes de viviendas a precios bajos que a su vez venden a otros inversores para obtener la máxima rentabilidad en el menor tiempo posible.
La práctica habitual de dichos fondos es la de acechar antiguas viviendas de protección oficial, de titularidad pública o de barrios vulnerables con la intención de desalojarlas mediante prácticas de acoso inmobiliario. Compran las propiedades para luego aumentar los precios hasta que los alquileres son inasumibles para las personas que durante tiempo habitan en ellas.
Un claro ejemplo de lo descrito es la situación en la que se vieron casi un centenar de familias tiempo atrás en la zona del Raval Universitari de Castelló. El acecho de los fondos buitre conllevó una compra masiva de vivienda pública antigua que había perdido su calificación, a su vez arrendada por familias con rentas bajas, a las cuales se les incrementó hasta un 50% del precio de sus alquileres o directamente fueron expulsadas de los que eran sus hogares.
Nuevamente, esta cruda realidad nos sitúa ante la imagen del largo cuello desnudo del buitre que le permite hundir la cabeza en el cuerpo de su víctima sin que apenas se ensucien sus plumas.
A pesar de este retrato desolador, existen cambios significativos en las políticas públicas desarrolladas en los últimos años en nuestra comunidad en materia de vivienda. Es preciso seguir profundizando en el ejercicio del derecho de adquisición preferente, de tanteo y retracto, recientemente puesto en marcha por el gobierno valenciano. Una medida valiente e innovadora aprobada por la mayoría del parlamento gracias a los votos de los tres socios del Botànic y que está permitiendo a la Generalitat incorporar vivienda al parque público procedente de adquisiciones en ejecuciones hipotecarias u operaciones inmobiliarias que se pueden dar en grandes poseedores como son los fondos buitre. Este aumento de vivienda pública es un ejercicio decidido por contrarrestar la escalada de precios del sector privado, de esos grandes tenedores que reúnen la mayor parte de las viviendas vacías de nuestra comunidad.
Es esencial continuar descentralizando las políticas de vivienda, facilitando servicios de proximidad a la ciudadanía a través del municipio, que es el primero en detectar cuando existe un problema real de acceso a la vivienda o de abuso inmobiliario.
Es preocupante que determinados ayuntamientos en la actualidad declinen la oferta de la Conselleria de Vivienda a firmar acuerdos de cesión de uso del derecho de tanteo y retracto, un instrumento que resulta eficaz en la creación de un patrimonio público de viviendas más sólido y estable en los municipios, que a su vez permita asegurar un nivel de respuesta mayor ante la urgente necesidad de un elemento esencial para la inclusión de la persona como es la vivienda.
Poner solución a los diferentes problemas de acceso a la vivienda es una tarea pendiente en la que deben implicarse todas las partes, entre ellas, las diferentes Administraciones, pues la unión, la colaboración colectiva, en fin, la suma de las diferentes fuerzas en la lucha contra la especulación puede conseguir que los buitres alcen el vuelo lejos de nuestra tierra.
*Secretaria de Política Social y Juventud CCOO PV-Valencia
