La hemeroteca y la retina del recuerdo me llevan al otoño del 2017, a la ruptura del orden constitucional, a la sedición cometida por los líderes del procés en Cataluña, a las retransmisiones en directo dando una imagen al mundo de caos en las calles de Barcelona, a Puigdemont, a su huida, a sus declaraciones y acciones dejando a España y a su sistema judicial a los pies de los caballos. Era el remate final a años de nacionalismo moderado, que cesión tras cesión del bipartidismo y con un asentamiento social considerable, es el separatismo sedicioso que se tiró al monte y dice que «una parte» seguirá en su empeño de romper un todo con 500 años de historia común con España.

Cogido por los cataplines y contra legem, el partido en el Gobierno va a indultarlos. El derecho de gracia deja de ser útil, el indultado no muestra arrepentimiento y dice que persistirá en el delito. La concesión del indulto es un error histórico, es ilegal, es muestra de un gobierno débil y dependiente de minorías que pretende destruir la Constitución de 1978, forzando el reconocimiento implícito de un error jurídico-político que fortalezca las intenciones de los sediciosos, su victimismo y que recibieron un trato injusto de la justicia.

En las elecciones catalanas, Ciudadanos propuso una coalición constitucionalista PP+PSOE+Ciudadanos y en un artículo apostillé: «Señor Iceta, juntos tendremos la Generalitat, por separado, la oposición».

Ahora les digo: «No esperen que la breva caiga por madura, los sediciosos mantendrán a Sánchez en la poltrona hasta lograr su fin».

Diálogo y acuerdo entre constitucionalistas nos pide la mayoría silenciosa, todos quedamos retratados, la historia y las urnas juzgarán.

*Diputado de Ciudadanos por Castellón en les Corts Valencianes