Nadie debería perder su hogar y mucho menos a manos de los fondos buitre. La subida abusiva de los alquileres está expulsando a las personas de sus viviendas.
Hace año y medio, más o menos, desde Unides Podem acompañamos a los vecinos y vecinas del Raval Universitari el día que se presentaron como Asociación de inquilinos de Castellón. Las viviendas en alquiler en las que residen fueron vendidas a un gran tenedor. Este es todo un ejemplo de lucha y reivindicación de un grupo de hombres y mujeres que, como en muchos otros lugares de España, piden más garantías en su derecho a una vivienda y reivindican dignidad en sus vidas.
Pese a la pandemia del covid-19 la oferta de pisos ha aumentado, pero el precio de alquiler no ha bajado. Está claro que el sistema inmobiliario está bajo el control de los llamados fondos buitre.
Durante muchos meses los inquilinos de estas viviendas vienen sufriendo acoso inmobiliario el cual consiste en ejercitar hostigamiento para provocar la auto privación del derecho al disfrute de una vivienda en propiedad o arrendada. Los vecinos y vecinas se encuentran con que les cambian las llaves de los buzones, no les reparan las baldosas que se han desprendido de las paredes de la cocina, entro otros. Este acose está tipificado en el Código Penal y se puede traducir en acciones como el corte de los suministros de agua o luz de la vivienda, la negativa a cobrar la renta a los inquilinos para tener una razón legal para echarles, no realizar las reparaciones de los desperfectos en la vivienda a las que el propietario está obligado por contrato, incluso las amenazas físicas o verbales. Todo esto con el único objetivo de que el inquilino abandone la vivienda tras tanto acoso. Actualmente hay mucha movilización social y vecinal, también sindical, por el derecho a la vivienda. Paralizan desahucios, negocian con las empresas tenedoras y también buscan soluciones ante la administración pública.
Desde la Conselleria de Vivienda, bajo la dirección de Unides Podem, se ha venido trabajando, durante los dos primeros años de gobierno, en la consolidación de políticas públicas de vivienda. En esta segunda mitad toca la materialización de alguna de ellas. Con el Plan 2400, una deuda que había con el pueblo valenciano, se hará realidad un parque público de más de 2.400 viviendas públicas en los próximos cinco años para alquiler asequible. Un plan que se aplicará en 18 municipios y que generará hasta 13.500 puestos de trabajo directos e indirectos. También desde la Concejalía de Vivienda (de Unides Podem-EU) en el Ayuntamiento de Castelló se impulsa unas nuevas bases de la Bolsa del Alquiler Municipal con incentivos para los pequeños propietarios para ampliar los alquileres asequibles y contener la burbuja en el precio.
Con las malas prácticas de la empresa gran tenedora de viviendas se ha logrado expulsar a los inquilinos del Raval Universitari. Aproximadamente el 60%, han decidido abandonar las viviendas, quedándose vacías a la espera de que entren nuevos inquilinos que paguen el doble del precio, que es el objetivo de los fondos buitre.
El derecho a la vivienda es básicamente un derecho humano, vinculado a la dignidad de las personas, pero creo que a día de hoy exige una reforma. El derecho a la vivienda, un derecho con un claro contenido social, debería pasar a formar parte del núcleo duro de derechos fundamentales, directamente invocables, generadores de obligaciones para el Estado.
Diputada Unides Podem por Castellón en Les Corts
