Querido/a lector/a, confieso que nunca fui anticlerical. Y eso no niega que he mantenido discusiones con Reig Pla, el que fue obispo de Segorbe-Castellón, cada vez que consideraba que el contenido de sus declaraciones no eran adecuados a la pluralidad moral del mundo actual. Pero nunca fui anticlerical.

Posiblemente porque nací en un ambiente que no vivía de recordar el pasado y la confrontación y, en la medida en que aspiraba a un futuro de libertades democráticas, se interesaba por la reconciliación, el diálogo y la colaboración con los que soñaban con esas metas. Posiblemente porque en la lucha contra la dictadura coincidí en el PCE con católicos comprometidos con el mensaje evangélico de defensa de los pobres y de los derechos humanos. Posiblemente porque escuché, en el seno del Comité Central del PCE (en esa época yo era el miembro más joven), a teólogos de la talla de Alfons Carles Comín. Posiblemente porque en 1971 y ante la represión que sufrieron los detenidos en la manifestación del 1 de Mayo de la Vall d’Uixó, el obispo José Pont i Gol supo ayudar acercando la presencia humana y económica de la iglesia. Posiblemente porque tuve compañeros curas que por defender la dignidad humana y declararse contrarios al franquismo, pasaron por la cárcel concordataria de Zamora. Posiblemente, por un montón de cosas y causas que me ayudaron a no tener una visión dogmática y sectaria.

No obstante, si destaco esa parte de mi perfil, es porque cuando estos días he visto el documento de la Conferencia Episcopal que dibuja una situación catastrófica de España y señala de forma injusta al Gobierno, me he acordado de que la cúpula de esa iglesia fue sostén moral de una guerra civil y de que, en el marco de una dictadura que suprimió derechos y libertades, mantuvo privilegios. Prudencia. Esa es mi palabra.

Analista político