Si algo denota la última subida del precio de la luz, es un axiomático y flagrante desprecio hacía la inmensa mayoría de la ciudadanía y especialmente hacia los colectivos más vulnerables. La nueva tarifa que vienen aplicando, con la complicidad y el beneplácito del Gobierno, es la vía más fácil y rápida para agravar la crisis económica generada por la pandemia y de condenar al país a una situación crítica de ruina aniquilando, de forma obscena, la posibilidad de recuperación.

La anunciada defensa de los intereses de los usuarios que el Gobierno prometió frente al feroz oligopolio del sector eléctrico es un invento más de la factoría Sánchez que, de nuevo, pone de manifiesto su falta de compromiso y su total incapacidad para ejercer el liderazgo porque, y a la pruebas me remito, permite los abusos que se ceban con los más débiles y con buena parte de la ciudadanía. Los que deberían de velar por el bien común y dedicar esfuerzos y recursos a asegurar una mejor calidad de vida de la sociedad civil, miran hacia otro lado cuando ven amenazados sus oscuros intereses. Probablemente porque plantar cara a las eléctricas y ejercer de manera inexorable su poder como lo hacen con la ciudadanía, pondría en peligro su futuro cuando acaben su nefasto periplo político.

Las consecuencias de la disimulada connivencia entre el Gobierno y las compañías eléctricas ya han empezado a hacer mella en las economías familiares y de las pequeñas y medianas empresas, pero lo peor está por venir. Con la llegada del otoño y el invierno, cuando disminuyan las temperaturas y las horas de luz del sol, la dependencia de la electricidad aumentará y, con ella, la tan temida pobreza energética que, lamentablemente, alcanzará cifras históricas.

Si antes del tarifazo en demasiados hogares y centros educativos y sociales ya se vivían situaciones complicadas debido al precio de la luz, lo que se divisa en el horizonte no es precisamente un halagüeño panorama. Poder hacer frente al recibo de la luz será, posiblemente, un privilegio asumible para unos pocos, y, con toda probabilidad el alto y abusivo precio que se aplica al consumo eléctrico propiciará y potenciará la fuga de capitales y grandes empresas hacia otros países en los que resulte más rentable invertir y prosperar.

España, sus regiones y sus habitantes, volverá a quedarse a la cola del progreso y a intentar subsistir en una economía de supervivencia gracias a unos gobernantes que, con su actitud sumisa y condescendiente con el oligopolio eléctrico, llevan el país hacia vergonzosos derroteros.

El desprecio del Gobierno hacia la ciudadanía es aún más evidente cuando, además de tolerar los abusos de las grandes compañías eléctricas, aumentan la sangría en el bolsillo de los ciudadanos con la subida de impuestos y de servicios y bienes de necesidad en tiempos de crisis.

Si la temporada estival permitía abrigar una cierta y prudente esperanza de recuperación por las cifras de ocupación turística, las perspectivas del otoño y el invierno congelan esa tendencia y, con la bajada de las temperaturas, algo que deja helado es la carencia de escrúpulos del gobierno y su facilidad para empobrecer al país.

Alcaldesa de Canet lo Roig y diputada provincial