Anna se entera en una visita rutinaria que el bebé que esta esperando no puede sobrevivir de ninguna de las maneras. Tiene una enfermedad incompatible con la vida y cualquier intento es prolongar un dolor desgarrador. La noticia cae como una bomba sobre la propia Anna, sobre su marido y sobre la hija que ya tiene la pareja y que esperaba con ilusión la llegada de un hermanito. Pero el horror solo acaba de empezar. Anna y su pareja tienen que afrontar a partir de entonces un laberinto de frialdades y violencias burocráticas que la llevan incluso a tener que irse a otro país para poder abortar.
La protagonista de esta historia se llama Anna Starobinets, es periodista y generó un escándalo tremendo en su país, Rusia, cuando plasmó su propia experiencia personal en el libro Tienes que mirar, una bomba emocional para el lector, escrito con una humanidad apabullante. En él, Starobinets da su testimonio sobre el peregrinaje que tuvo que realizar por las instituciones sanitarias de su país mientras intentaba gestionar el inmenso duelo, y de cómo una mujer se enfrenta sola a un sistema que no la tiene en cuenta ni a ella ni al poder de decidir sobre su propio cuerpo.
Recuerdo que cuando por fin logré pasar la última página del libro y dejarlo sobre la mesa pensé aliviada y con una mentalidad vergonzosamente primermundista: ‘no es consuelo, pero menos mal que esto tan horrible no pasa en España, que jamás una mujer pasará por toda la violencia burocrática que tuvo que pasar Anna’. Ingenua de mí.
Derecho a abortar
Como quien te da un bofetón para que despiertes de un espejismo bucólico, esta semana han levantado la voz mujeres y más mujeres denunciando la terrible carrera de obstáculos con cambio de provincia y comunidad autónoma incluido, para poder ejercer en España su derecho legalmente reconocido a abortar dentro de la sanidad pública. Solo 2 de 10 lo consiguen. El resto son derivadas a la concertada o la privada. Otro derecho, el de la objeción de conciencia por parte de profesionales de la medicina y de la enfermería y que tiene su fundamento en cuestiones ideológicas está bloqueando cada día el de las mujeres hasta límites increíbles en un país que camina hacia los 50 años de democracia y que ostenta leyes tan avanzadas como las del matrimonio homosexual y la eutanasia. ¿Por qué entonces las mujeres continúan sin ver garantizado su derecho? ¿Cómo es posible que solo un 15% de las intervenciones se puedan realizar en hospitales públicos cuando el aborto es un servicio público? ¿Todos y todas las profesionales involucrados en el proceso son ultraconservadores? Ellos dicen que no y que, en la mayoría de los casos, lo que faltan son recursos públicos para gestionar esa ‘carga de trabajo extra’: quirófanos, personal, material, planificación... y que son los dirigentes políticos quienes deben aportar más para hacerlo posible. Y puede ser, pero ¿esto significa que los hospitales públicos que sí realizan abortos tienen más recursos que los de la provincia de al lado? Lo dudo. Más bien creo que es una cuestión de prioridades.
Sea como sea, cada día en este país se vulneran los derechos de cientos de mujeres porque alguien --gerentes de hospitales, jefes de departamento o de área-- han decidido que sus equipos no van a cumplir la ley. Y mientras tanto Anna, o María, o Susana o Amparo continúan encontrándose con que la sanidad que ellas costean paga los salarios de quienes les dicen a la cara que su conciencia les impide ayudarlas. Y a mí solo me cabe una pregunta: ¿qué hubieran hecho los gobiernos estatal y autonómicos de turno si miles de sanitarios se hubieran negado a atender la covid por su conciencia? Pues eso.
Periodista
