Querido/a lector/a, estos días se está hablando de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común (de todas salvo Navarra y el País Vasco). Todo indica que el asunto va en serio y, en consecuencia, se están celebrando reuniones entre los presidentes autonómicos y el Gobierno del Estado. ¡Ya era hora! Entre otros motivos porque el modelo está pendiente de reforma desde el pasado año 2014 y reclama ya un reajuste. En todo caso, cabe aclarar desde el principio que no va a ser cosa fácil.
Es más que evidente que no todas las comunidades autónomas tienen el mismo número de habitantes, ni la misma dispersión de ciudadanos, ni estos tienen la misma edad. Además, por motivos diferentes, no demandan como prioritarios los mismos servicios, incluso los habituales (sanidad, educación, dependencia...) tampoco tienen los mismos costes. En última instancia y por citar otra desigualdad, constatar que el impacto del paro y el nivel de la renta per cápita también suele ser diferente en las autonomías. Razones de heterogeneidad que si expongo es para subrayar la dificultad, pero reconozco que a pesar de la diversidad se reclama, y así debe ser, que la nueva y urgente financiación debe aproximarse a criterios que tengan que ver con la nivelación y homogeneización de servicios, las necesidades financieras según factores demográficos y geográficos, la imprescindible solidaridad entre las más ricas y más pobres...
En todo caso, si desde este pequeño rincón se me deja hacer alguna petición, solo suplicaré que el electoralismo poco fecundo, el situar los intereses personales o de partido por delante de los bienes de los ciudadanos, no rompa esta posibilidad de acuerdo. Y es que, la financiación es necesaria y urgente, pero sin ella no podemos hablar en serio del autogobierno de los valencianos.
Analista político
