Al poder político le resulta incómoda la prensa libre. Semejante realidad viene de lejos. En los países con déficit de libertades y dictaduras de toda laya, el control de los medios de comunicación es objetivo prioritario. Incluso, sorprendentemente, en el seno de la UE del siglo XXI pueden producirse intentonas de mordaza en un espacio tan consagrado a la democracia como es el Congreso de los Diputados del Reino de España. Tal así, los 11 partidos que conforman el Frente Popular que mantiene a Pedro Sánchez en la Moncloa, entre los que se encuentran Bildu, brazo político de ETA, y los separatistas que quieren destruir el Régimen del 78 para acabar con la unidad de la nación, han presentado un infumable documento en el que se pide a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, que meta en cintura a los periodistas díscolos que hacen preguntas incómodas a los padres de la patria, representantes de los españoles. Portavoces como el de ERC, Gabriel Rufián, se niegan a contestar preguntas de informadores que ellos señalan de extrema derecha. Serio tema.
La tentación de la mordaza no escapa a los sistemas democráticos. Resulta instructivo recordar el caso del tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, ejemplo nítido de la metamorfosis que sufre la mayoría de políticos en el ejercicio del poder. Acabada de redactar la Constitución de EEUU y siendo un joven con ambición política, Jefferson proclamaba: «Prefiero periódicos sin Gobierno que Gobierno sin periódicos». Dos décadas después, a punto de abandonar la Casa Blanca, opinaba de distinta manera: «No se puede creer nada de lo que se ve en un periódico. La propia verdad se vuelve sospechosa al figurar en un vehículo tan contaminante». Dos siglos más tarde un rotativo hizo dimitir a Richard Nixon, 37 presidente de aquel país. Hecho inédito que tuvo como origen el caso Watergate, producto de la valiente investigación del The Washington Post. Uno de los dos periodistas que destaparon el espionaje en la sede del Partido Demócrata en 1972, Bob Woodward (el otro era Carl Bernstein) recordaba el año pasado: «Un periodista debe mantener distancia con el poder. La función de los medios no es la de ejecutar una agenda política, es responder a qué sucedió y por qué, y profundizar para descubrirlo». En esa misma línea el exdirector del Post, Marty Baron, es concluyente: «Periodismo es pedir cuentas al poder». El problema reside cuando el poder no quiere rendir cuentas y, además, pretende censurar.
Blindar la información
En septiembre de 2011, el catedrático Bernardo Díaz Nosty presentó en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) su obra Libro negro del periodismo en España, prologado por mi amigo y colega Fernando González Urbaneja, a la sazón presidente de la APM. Entonces Díaz Nosty recordaba «la necesidad de blindar la información como elemento de la democracia». Por ser un derecho ciudadano recogido en el artículo 20 de la Constitución, significando el reputado experto: «Es menester reivindicar la excepción democrática de la información». Una excepción que ciertos políticos no están dispuestos a salvaguardar, como puede desprenderse de la reacción mordaza que han tenido las formaciones que hacen posible la supervivencia del Gobierno de coalición PSOE-Podemos. Reacción mordaza que es de esperar caiga en saco roto. De prosperar significaría un flagrante baldón para la alta institución que es el Congreso, pilar esencial de la democracia. Y, a la postre, pondría en peligro los más sólidos valores que deben representar quienes ocupan el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo. Sería una peligrosa patada a la libertad de expresión.
Periodista y escritor
