Querido/a lector/a, hay problemas que reclaman inmediata solución. El primero es el sanitario que combate contra la pandemia y, el segundo, la crisis económica consecuente. Sin duda ni discusión alguna.
Pero entre otros asuntos que están ahí y también esperan remedio, hay uno que si lo presento ahora y aquí, en este rincón, es porque además de que necesita un reparo urgente, todo indica que, de momento, parece que se está encarando con fundadas aspiraciones de arreglo. Me refiero a la financiación autonómica. Cuestión esencial que sino llega la solución adecuada frustrará la Constitución por no garantizar, de hecho, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones de España y la imprescindible solidaridad entre ellas.
Entre otras historias quedaría con el culo al aire y con consecuencias poco agradables, todo eso que conocemos y representa el autogobierno. Pero, al tiempo, si he dicho que de momento se está encarando con posibilidades de final feliz, es porque según los medios, el documento que el Gobierno de España ha echo llegar a las CCAA plantea una revisión del criterio de población ajustada que eleva el peso del gasto sanitario y educativo. Incluso pretende aumentar el protagonismo de factores y variables distintos de la población a la hora del reparto de fondos. Razones que se ajustan a las peticiones de las CCAA y, encima, los especialistas en la materia, sin lanzar las campanas al vuelo, califican el documento inicial de equilibrado, razonable, de gran valor técnico...
Querido/a lector/a, a pesar de lo dicho, y con el firme deseo de que la historia de la financiación autonómica camine a buen puerto, lo más importante es que el Partido Popular mantenga un diálogo leal y constructivo y no frustre este proceso con su permanente e improductiva confrontación y sus interés partidistas.
Analista político
