La educación no necesita de sectarismos ideológicos, sino de acuerdos. Los padres, las madres, el profesorado y el alumnado están cansados de que sea la moneda de cambio de los grandes partidos, y muchas veces dando alas a gobiernos nacionalistas, como el catalán, el balear y el valenciano, que crispan la comunidad educativa por sus imposiciones lingüísticas.
En la Comunidad Valenciana son muchas familias las que han denunciado esta imposición lingüística que, si no frenamos, llegará a la situación de alarma de Catalunya. Y estoy hablando, en este caso, de la familia de Canet de Mar que está siendo amenazada por pedir que su hijo de cinco años pueda estudiar unas horas mínimas en castellano. A pesar de tener una sentencia que avala este derecho, el Gobierno catalán, lejos de velar por la seguridad de esta familia y cumplir la ley, añade más leña al fuego.
Esta situación se da ante gobiernos que imponen la ideología al razonamiento y, en esta comunidad no estamos exentos de polémica cuando la mayoría de niños de esa edad no dan ni una hora en castellano.
Desde Cs creemos que todas las lenguas oficiales en España son merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero la realidad es que solo el castellano es común en todos los territorios y goza del deber constitucional de ser conocida. La persecución a la lengua del Estado como a cualquier lengua es típico de regímenes totalitarios que no permiten que un país avance. Para avanzar hay que respetar todas las lenguas, que cada uno se comunique en la que desee y, para ello, en los presupuestos de la Generalitat no deberían tener cabida los sectarismos hacia la inmersión y las ayudas a entes que rompen la convivencia de una sociedad por señalar a quien no se comunica en valenciano. Sería un sueño poder trabajar en un Pacto Nacional por la Educación donde prime el raciocinio.
Portavoz adjunta de Cs en Les Corts
