Los jueces y tribunales de toda índole son objeto de constantes ataques, burlas e insultos por parte de los integrantes de la mayoría Frankenstein que nos gobierna. Siempre que no sean de los suyos, que los hay, o que sus sentencias no les den la razón, que no ocurre casi nunca porque no la tienen.
Pero la aplicación de la justicia, al igual que las normas democráticas, no va con ellos. Tiene que ser lo que ellos dicen a las buenas o a las malas. Se creen por encima de la ley. Lo más grave son las repetidas sentencias del Tribunal Constitucional contra el Gobierno, en especial de su gestión de la pandemia. Declaró inconstitucional el confinamiento de la población del primer estado de alarma, el segundo estado de alarma saltándose el control periódico parlamentario del Congreso (que debía ser cada 15 días) y dejar en manos de las autonomías la aplicación de las medidas pertinentes sin amparo legal.
Dicen que se violó la legalidad con una maniobra no razonable e infundada por una legislación de excepción sin control parlamentario, lo que es dar pie al autoritarismo.
Además de ilegal ni siquiera ha sido práctica o eficaz, hemos tenido más muertos que nadie y ya conocemos las extrañas compras de material, los falsos expertos y el lío que supone que cada autonomía hace lo que quiere o lo que le diga su tribunal superior.
En cualquier gobierno occidental democrático, estas sentencias supondrían la dimisión automática. Sería inimaginable que continuara en el poder alguien que no cumple la principal de las leyes: la Constitución. Aquí no pasa nada.
*Notario y doctor en Derecho
