El Consell de Puig ha permitido la muerte de, al menos, catorce burros en el Desert de Les Palmes mientras su responsable, la consellera de Compromís Mireia Mollà, pretende que nos olvidemos y miremos hacia otro lado como si nada hubiera sucedido. Pero el burro es un animal protegido, una especie en peligro de extinción. Son las instituciones públicas las primeras que deben garantizar su defensa y promover su pervivencia. Y esa Conselleria bajo el rimbombante nombre de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, no solo no ha cumplido con la obligación que tiene de protegerlos, sino que ha provocado su muerte en ese desastroso proyecto de plan antiincendios desarrollado el pasado verano.
Este es el claro ejemplo de la política verde del Consell de Puig y de su consellera Mireia Mollà. Igual pensó como con las naranjas (que no eran valencianas): da igual y au, total, no se van a enterar. Eso es lo que intenta, que no se hable del tema. Nunca le han importado los burros (ni las naranjas), solo el modo de evitar que les salpique un escándalo que está en manos de la Fiscalía. También la Guardia Civil ha desvelado irregularidades poniendo en tela de juicio las actuaciones que se llevaron a cabo en ese proyecto fallido que pretende servir de protección del medio ambiente.
Las nuevas evidencias detectadas en los informes internos de la Conselleria gobernada por Compromís señalan a la propia consellera como la máxima responsable de los hechos, saldados con un resultado trágico. Ha utilizado como cortafuegos a dos altos cargos a los que hizo dimitir para desviar la atención e intentar eludir responsabilidades. Pero hay indicios claros de supuestos delitos cometidos de maltrato animal contra la fauna y flora en un espacio natural protegido como es el Desert.
Dar explicaciones y asumir las consecuencias
La consellera Mollà tiene que dar nuevas explicaciones y asumir las consecuencias. No nos vale con que acudiese a Les Corts a leer un informe resumen de un expediente repleto de contradicciones. Debe dar la cara y explicar lo que desvelan los informes. Hay muchas preguntas en el aire y apenas respuestas. El expediente del proyecto nunca salió de medio ambiente y no cumplió las condiciones establecidas para el buen el estado de los animales y de normativa ganadera. De haberlo hecho es muy probable que jamás hubiesen fallecido. Se trasladaron sin ninguna autorización y ningún veterinario los valoró ni saben cómo se hizo su retirada. El movimiento es irregular y se desconoce si llegaron con la información sanitaria de origen. Por no saber ni siquiera se sabe a estas alturas cuántos burros fueron realmente al Desert, cuántos desaparecieron, ni cuántos han muerto. No han aparecido los cadáveres. Solo uno.
Sí que sabemos que los burros que lograron resistir presentaban un aspecto de abandono lamentable, con «condición corporal pobre, alopecias, encías blancas y daño hepático como consecuencia de la anemia». Es decir, los animales que no lograron sobrevivir fallecieron de hambre.
Los gestores públicos deben ser consecuentes y dar la cara, para lo bueno y para lo malo. Este Consell tripartito nacionalista es el que conocía un proyecto en el que nadie hizo seguimiento de nada. Ahora, las últimas víctimas de tanta negligencia son las cabras montesas, con la muerte hasta el 85% del total, por una epidemia de sarna en el norte de Castellón. Pese a todo, Agricultura no prevé cambiar ni reforzar el protocolo.
«Total, no se van a enterar», qué más da si son burros, naranjas o cabras. Una frase lapidaria que demuestra la rigurosidad de una consellera y del gobierno de Puig.
Presidente PPCV
