Presupuestos en Justicia

El pasado 2021, la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 2020 realizó una radiografía de las estadísticas en el territorio valenciano, que incluye los efectos de la crisis económica derivada del covid-19. Dicha memoria hace hincapié en el estado en el que se encuentran los órganos de instrucción lastrada con numerosos casos de corrupción muy complejos o voluminosos, además de la situación existente en los órganos colegiados con la realización de juicios orales con sesiones que duran muchos meses, lo cual obliga a la adopción de acciones de refuerzo que posibiliten el funcionamiento normal del resto de asuntos en las correspondientes secciones. Es lo que tiene contar tantos casos de corrupción.

En dicha presentación, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia-TSJCV, Pilar de la Oliva, recalcó la necesidad de nuevos juzgados, pese a que entraron en funcionamiento algunas unidades judiciales creadas en el 2019. Es lo que tiene contar con tantos casos de corrupción.

Por otra parte, el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva forma parte del núcleo duro de los derechos en la Constitución española, por lo tanto, es un derecho fundamental. Pero de nada vale que un estado tenga por reconocido de manera formal un derecho, si el titular del mismo no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Evidentemente las dificultades son mayores cuando se trata de personas vulnerables.

En otro orden de cosas, me gustaría destacar en relación a los objetivos de desarrollo social en la Agenda 2030, el objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que contiene el apartado 3: Estado de derecho y acceso a la justicia, que consiste en promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, para todas. Incluso existen unas propuestas del Relator Especial en relación a una movilidad segura, de la cual hablaré en otro momento.

Adaptación a las nuevas tecnologías

Como bien sabemos, el coronavirus ha modificado de manera evidente la forma de funcionamiento de la Justicia. Un total de 20.209 juicios o actuaciones telemáticas se realizaron en 2020, que reafirma la necesidad de que la Administración de Justicia se adapte a las nuevas tecnologías. Todo ello se ve reflejado en la implantación del teletrabajo, así como la puesta en marcha de la Sede Judicial Electrónica de la Comunitat Valenciana, entre otros.

Vamos avanzando para poder atender asuntos en la jurisdicción civil, penal o social. También en lo contencioso-administrativo y de forma telemática que incluyen recursos en materia de extranjería. Una justicia para todos, también para los más vulnerables, pero hay que mejorar.

Hace un mes, como diputada en Les Corts, me interesé por saber el presupuesto que ha destinado y destina la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública a los refuerzos judiciales ordinarios en los años del gobierno del Botànic desde 2015 a fecha de hoy. Me informaron que el presupuesto destinado a los refuerzos judiciales se ha incrementado un 554,8% desde 2015 hasta 2022. De esta manera, se ha pasado de 1.450.820 euros presupuestados en 2015 a 9.500.000 euros previstos en los Presupuestos de 2022.

¡Vamos avanzando!

*Diputada Unides Podem por Castelló en Les Corts

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