A finales del pasado abril dimitía el director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri, a través de una carta que presentó ante su Consejo de Administración. Renuncia cuyo origen se encuentra en hechos relacionados con las devoluciones en caliente de personas migrantes en el Mediterráneo, que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) investiga.
El informe final que la OLAF hará público en las próximas semanas se está haciendo en base a las denuncias de la presunta implicación de la Frontex en devoluciones ilegales de personas migrantes en la frontera marítima entre Turquía y Grecia, una de las vías de acceso a la UE. Devoluciones que se hacen vulnerando los derechos humanos e incumpliendo el derecho internacional. Está claro que las prioridades muchas veces se ven postergadas por la urgencia de otras necesidades, pero en pleno siglo XXI no podemos seguir permitiendo que las personas vean vulnerados sus derechos. Al menos, varios políticos de la oposición en Grecia han pedido una reforma de Frontex, así como la responsabilidad de sus dirigentes.
Situación peligrosa
Estamos inmersos, actualmente, en una situación peligrosa en la UE, la Europa de los 27 se muestra insolidaria y no logra resolver la crisis de refugiados o de inmigración irregular. En la última década, la Unión Europea se ha fortificado intensificando sus políticas represivas hacia las personas migrantes, violando los derechos humanos y sus obligaciones internacionales, en un mundo que ha alcanzado ya la cifra de 100 millones de personas sometidas a desplazamiento forzado. Podría decirse que la política migratoria europea es un fracaso porque en lugar de acoger e integrar lo que ha hecho ha sido militarizar las fronteras y diseñar la cuestión de la movilidad humana desde la securitización.
Tal y como denuncia José Luis Monereo: «La elaboración de las políticas migratorias de la Unión Europea y de los países que forman parte de la misma se orienta decididamente hacia un enfoque selectivo y jerarquizado respecto del reconocimiento de los derechos de ciudadanía; y especialmente en la coyuntura de crisis económica se impulsan y promueven medidas más restrictivas de admisión y de expulsión y retorno incentivado de las personas inmigrantes».
Los tiempos actuales son difíciles para las personas inmigrantes en su mayoría vinculadas a los mercados de trabajo, puesto que la totalidad de los países europeos han endurecido sus políticas migratorias.
En un contexto de globalización, que en el sentido menos amplio se traduce en un proceso de creación de un mercado mundial en forma de red y sin fronteras para comerciar dinero, materias primas, productos industriales y servicios, se da la contradicción entre la globalización de la humanidad en un mundo considerado como aldea global y las legislaciones migratorias europeas, mediante las que se les niega derechos fundamentales.
Diputada de Unides Podem por Castellón en Les Corts
