El consumo de drogas representa un grave problema social y de salud. Las encuestas más recientes indican que la Comunitat Valenciana destaca en el uso de las tres sustancias más prevalentes: alcohol, cannabis y tabaco. Ninguna otra CCAA presenta una situación tan preocupante. Cuando el 43% de la población escolar valenciana de 14 a 18 años se ha emborrachado en el último año o un 37% ha consumido cannabis en alguna ocasión, parece impropio aceptar que la situación esté controlada. Nada más lejos de la realidad. Pero quienes están al frente de las políticas sociales no solo no activan más medios para luchar contra esta lacra, sino que incluso la publicitan y promueven como con la campaña del IVAJ para la práctica del chemsex «seguro», el uso intencionado de drogas psicoactivas para mantener relaciones sexuales.
Hoy se celebra el Día Mundial contra las Drogas. Con esta conmemoración, Naciones Unidas nos recuerda la enorme gravedad de un problema que necesita ser priorizado en la agenda política y social. A la vista de la situación actual en la Comunitat, cabría esperar una acción más decidida por parte de la Generalitat. Mientras se desvía la atención hacia aspectos ajenos a las competencias autonómicas --como la legalización o no de las drogas--, se abandonan las obligaciones que sí son propias, como la prevención del consumo o el tratamiento de quienes acaban sufriendo una dependencia a estas sustancias. Lamentablemente, en los últimos años se ha producido un progresivo desinterés que es preciso revertir con un esfuerzo decidido por parte de las Administraciones Públicas.
Se cumplen 25 años desde que, el gobierno del Partido Popular, presentara la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos en las Cortes Valencianas. Con su desarrollo, la Comunitat fue la primera en integrar la atención sanitaria a las drogodependencias en el sistema sanitario público. Gracias a este modelo asistencial, más de 200.000 personas han sido atendidas en estos años, en igualdad de derechos respecto a cualquier otro tipo de enfermos. Un modelo asistencial que hoy es una referencia no solo a nivel nacional, sino también más allá de nuestras fronteras.
Con el tiempo, los patrones de consumo han variado y obligan a orientar los tratamientos hacia colectivos más jóvenes y con mayor complejidad clínica. En consecuencia, los recursos necesitan adecuarse a estos nuevos escenarios. Sin embargo, el número de Unidades de Conductas Adictivas no se ha incrementado durante los siete años de gobiernos del tripartito y las unidades hospitalarias también han disminuido. La situación no es muy diferente a la que sufren los centros de día y las comunidades terapéuticas, con una dotación de plazas claramente insuficiente para las necesidades actuales. Como resultado de estas carencias, apenas puede asumirse el 60% de las solicitudes de tratamiento y las listas de espera para ingresar en estos centros llegan a ser superiores a un año. A pesar del elevado nivel de cualificación de nuestros profesionales, parece imposible afrontar una demanda asistencial que crece año tras año, mientras los recursos de tratamiento mantienen una constante tendencia a la baja.
Aquella Ley sobre Drogodependencias, nacida desde el consenso de todos los grupos políticos, apostó por universalizar la prevención escolar. La falta de priorización política se ha manifestado especialmente en este nivel. Antes de iniciarse la pandemia, la Conselleria de Sanitat ya reconocía que menos de una tercera parte del alumnado de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato participaba en los programas de prevención. Lejos queda ya esa cobertura superior al 80% que fuera habitual en los años posteriores de la entrada en vigor de la Ley. Como es lógico esperar, tan llamativo descenso en la prevención escolar se relaciona directamente con un aumento en el consumo de drogas en el corto y medio plazo. Mal futuro nos espera si la prevención sigue inmersa en este abandono por parte del Consell.
Para alcanzar el éxito, es preciso que los distintos actores que colaboran en estos programas dispongan de un marco de estabilidad presupuestaria para desarrollar sus actuaciones. Veinticinco años después de crear una extensa red de tratamiento y prevención, parece obligado que los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones, así como las ONGs que gestionan programas de prevención y centros de tratamiento, puedan planificar sus actividades con la tranquilidad que aporta un futuro menos incierto.
Por ello es necesario establecer conciertos plurianuales para todos los recursos, sin excepción, abandonando el predominio de unas subvenciones anuales tan insuficientes como tardías.
Es hora de afianzar los pilares básicos de las políticas de drogas en la Comunitat. Desde la prevención en la escuela y en la familia, hasta los dispositivos de reducción del daño dirigidos a la población más vulnerable, necesitamos recuperar el tiempo perdido. Basta con echar la vista atrás y recobrar cuanto ha ido quedando en el camino, mejorando lo que todavía existe. Los recortes de los últimos años y el efecto de la inflación han descendido el presupuesto actual a niveles desconocidos desde hace una década. En este contexto, se hace imposible dar una respuesta adecuada al problema de las drogas. Es necesario incrementar adecuadamente el esfuerzo presupuestario, llegando a duplicarlo si fuera preciso. Lo hicimos entonces y volveremos a hacerlo. Ese es nuestro compromiso.
Veinticinco años después, en el PPCV seguimos junto a quienes sufren esta lacra y, en especial, con los más jóvenes. Como nos advierte Naciones Unidas, es preciso hablar de drogas y priorizar el interés por reducir su alarmante incidencia en la sociedad.
Llega el momento de adoptar respuestas efectivas que permitan abordar el problema en tiempos de crisis como los que nos toca vivir. Si fue posible en otros tiempos, también lo es ahora.
*Presidente PPCV
