La economía de la Comunitat Valenciana se enfrenta a un gran reto que venimos señalando desde hace años: abordar un cambio de modelo productivo. Bajo esa premisa, agentes sociales y Gobierno valenciano suscribimos el ambicioso acuerdo Alçem-nos, con voluntad de ir más allá de las medidas anticrisis y que, aprovechando las sinergias que nos permiten los fondos europeos, ahondara en los cambios que necesita el tejido productivo.
Creo que acertamos en la hoja de ruta prefijada, porque en poco tiempo se nos está poniendo duramente a prueba como sociedad. Primero, la pandemia, y ahora un contexto inflacionista, agravado por la guerra de Ucrania, que nos ha señalado las debilidades en las que nos sitúa la excesiva dependencia energética. En este caso, el Plan ReActiva, que profundiza en la implementación de algunas de las líneas de trabajo que ya se recogían en el Alçem-nos, viene a establecer fórmulas para la contención de la situación que están viviendo las empresas y la ciudadanía. Medidas relacionadas con los suministros eléctricos o la transformación energética que nos permitan avanzar hacia una mayor soberanía. Otras, como el fomento del transporte público, a través de reducciones en su importe, o un incremento en las ayudas de la renta valenciana de inclusión, pensadas para las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
En este sentido, el paquete aprobado en el Consejo de Ministros, que tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, ahonda en esa misma filosofía. Bonos sociales, subvenciones al transporte público o disminución del IVA de la electricidad, van a aliviar, sin duda, la carga de consumo en los hogares. Medidas válidas en un contexto de emergencia como el actual, pero que no deben consolidar la idea de una bajada generalizada de impuestos. Es más, el anuncio del impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas, debería concretarse de forma rápida.
El Gobierno ha de utilizar ésta y otras medidas para condicionar la resistencia empresarial a abordar un pacto de rentas equilibrado, en el que todas las fuentes contribuyan a una distensión de la inflación, sin volver a presionar de manera exclusiva sobre los salarios. Un ejercicio colectivo de responsabilidad para que la economía no caiga y para que la clase trabajadora no sea siempre la pagana de cada crisis. Empresas y rentas del capital deben corresponsabilizarse con una mayor contribución.
A todo esto se suma que el País Valenciano sigue adoleciendo de un sistema de financiación justa. Una situación que no es de recibo porque compromete seriamente nuestra capacidad financiera y, en consecuencia, los esfuerzos que deben hacerse para posibilitar el cambio de modelo económico que necesitamos. Un camino hacia una transición justa que combata con garantías el cambio climático y que permita que este territorio se desarrolle desde la sostenibilidad, de acuerdo con los objetivos prefijados en la Agenda 2030.
40 años después de la aprobación del Estatut d’Autonomia, la vía valenciana seguirá viva y gozará de buena salud siempre y cuando seamos capaces de dar un salto cualitativo con la decisión que requieren los retos a acometer. Una cuestión que bien podría convertirse en una quimera sin la suficiencia de recursos necesaria, sin un sistema de financiación autonómica justo.
Secretaria general de CCOO PV
