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Irene Gómez

LA CLAVE POLÍTICA

Irene Gómez

Más derechos y dignidad

Aunque desde posiciones liberales se defienda que solo los derechos civiles podrían considerarse derechos, bien es cierto que los derechos sociales son derechos humanos, al mismo nivel que los derechos civiles y políticos. Dichos derechos sociales son concretados y garantizados por la política social.

Teniendo siempre en mente dos elementos, por una parte, la dignidad inherente a la persona, todas sin distinción, y la indivisibilidad de todos los derechos humanos --hablamos de derechos civiles y políticos, así como de económicos, sociales y culturales-- concluimos que tanto la libertad como la igualdad tienen que ser protegidos por todos estos derechos.

De este modo la política social tiene como fin, a través de medidas e instrumentos de un gobierno, ya sea a nivel local, autonómico y central, asegurar el bienestar de los ciudadanos. En otras palabras, la política social es clave para el bienestar de las personas.

La Carta Social Europea (CSE) revisada entró en vigor en España el 1 de julio de 2021. Esto significa un avance en el cumplimiento de los derechos sociales relacionados con aspectos importantes para la vida de las personas. Entre estos están la protección contra la pobreza y la exclusión social, la dignidad en el trabajo, la protección de las personas trabajadoras o el derecho a la igualdad de oportunidades.

Calidad del empleo

La reforma laboral de 2021 ha conducido hacia una mejor calidad del empleo. A la vez que evita despidos ha producido un fuerte aumento de la contratación indefinida, disminuyendo de este modo la tasa de temporalidad y creando mayor empleo estable. De esta manera se beneficia a algunos de los sectores de la población y ramas de actividad que históricamente tenían condiciones contractuales más precarias.

Con la reforma se ha visto mejora en la situación de las personas trabajadoras, en sus condiciones laborales, pero aún persisten serias violaciones de sus derechos humanos que comportan otros tantos atentados a su dignidad.

Consecuentemente, desde este punto de vista, es necesario que las autoridades españolas --legislativo, ejecutivo y judicial-- y a todos los niveles territoriales --local, autonómico y estatal--, deben seguir los mandatos derivados de la CSE según la interpretación realizada por el Comité Europeo de Derechos Sociales.

Está claro que con la ratificación de la Carta revisada avanzamos hacia mejores derechos sociales y laborales. Los sectores de la población más vulnerables --mujeres, jóvenes, migrantes, mayores, personas lgtbi-- deben de tener garantizados sus derechos humanos y la posibilidad de participar de forma plena y en igualdad de condiciones en nuestra sociedad. Sigamos los mandatos de la Carta revisada.

Diputada de Unides Podem en les Corts

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