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El Periódico Mediterráneo

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Marisa Saavedra

LA CLAVE POLÍTICA

Marisa Saavedra

Encarcelados sin delito

Marouane Abouobaida, de 23 años, aparecía ahorcado en el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de València el 15 de julio de 2019. La policía lo había encerrado en una celda de aislamiento tras ser agredido el día anterior por otros internos, herido y en condiciones psicológicas deplorables.

En el auto de sobreseimiento por estos hechos, el tribunal indicaba que pudo haber «asistencia sanitaria incompleta» y «un comportamiento reprobable de algún funcionario policial», e instaba a «valorar todo aquello que pudo haberse hecho y no se hizo» ante esta situación.

Tuve ocasión de visitar el centro en esos días, con representantes de ONGs, para conocer las condiciones en las que se encuentran estas personas que no han cometido delito alguno. Fue impactante, de las experiencias que no se olvidan.

En 2021, el Defensor del Pueblo, en calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura, realizó la octava visita a este CIE. Ante la falta de un Protocolo de Prevención del Suicidio, ni una valoración específica del estado de salud mental ni del riesgo suicida, el informe recomendaba que se dote al centro de protocolos de Prevención de Suicidios y de Prevención de Trata, asistencia psicológica y psiquiátrica, servicio de traducción que facilite la comunicación con el personal sanitario, y que se evite el tratamiento de las personas internas exclusivamente con números.

Estas recomendaciones en línea con lo establecido por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, a día de hoy siguen sin cumplirse.

Responden a situaciones muy graves que en este y otros CIEs se llevan denunciando desde el año 1985 por diversas organizaciones, que piden el cierre de estos centros que acumulan numerosas denuncias por vulneraciones de derechos humanos, retención ilegal de menores, y al menos 11 personas internas muertas.

En estos días, desde Unidas Podemos hemos preguntado de nuevo en el Congreso al Ministerio del Interior en relación a la vulneración de derechos humanos en estos centros, y en concreto en el CIE de València. Preguntamos si tiene previsto atender a las recomendaciones hechas por el Defensor del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Cárceles racistas

Con Amnistía Internacional, CEAR, el Servicio Jesuita al Migrante y otras muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos, defendemos que estos centros, convertidos en cárceles racistas sin garantías para personas que no han cometido ningún delito, deben desaparecer. La experiencia de otros países y el cierre de los centros durante la pandemia, demuestra que son absolutamente innecesarios, y también ineficientes en cuanto a su fin último, como medida cautelar previa a la expulsión.

Todas las personas, incluidas las personas migrantes, tienen derecho a la libertad. Es urgente que se apliquen medidas cautelares alternativas, que no conlleven la privación de libertad. Estar en situación irregular no es más que una infracción administrativa. Debemos agradecer como sociedad la labor de la Campaña CIEs No, y de tantas entidades de la sociedad civil que luchan incansablemente contra el racismo y la xenofobia, que defienden el respeto a los derechos humanos de todas las personas, también de las migrantes, que las acompañan, y que exigen el cierre de estos centros de internamiento inhumanos.

Diputada de Unidas Podemos por Castelló en el Congreso

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