A inicios de esta legislatura, en 2019, escribí en esta columna unas líneas sobre la trata de personas, específicamente de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Decía también que, pese a que algunas personas consideran estéril costumbre tener un día para cada realidad o problemática que viva un determinado sector de la población o un colectivo vulnerable o vulnerado, era necesario hablar de ello.
También les decía que encontraba importante poder visibilizar las diversas realidades con las que convivimos en nuestro mundo. Y aquella vez intenté visibilizar la situación de las mujeres víctimas de trata porque las redes de trata de personas están cada vez más activas en España, situada ya como el principal destino europeo de las mujeres víctimas de explotación sexual.
Además, profundicé en la situación de las mujeres inmigrantes, totalmente desprotegidas, que requerían más recursos administrativos, los suficientes, en caso de que decidieran denunciar y salir de una vez por todas de la vorágine de la prostitución esclavizante, en la cual se encontraban inmersas, con tal de poder cumplir su objetivo: llegar a Europa para tener una vida mejor.
Han pasado algunos años desde entonces y el Consejo de ministros, el martes pasado, aprobó una inversión de 12,9 millones de euros para el primer Plan de Inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata y explotación sexual y de mujeres en contextos de prostitución. Se trata del primer paso para el desarrollo de una política pública que ayude a las mujeres y niñas víctimas de la trata y de la explotación sexual y/o en situación de prostitución, a acceder a alternativas vitales y laborales, una clara apuesta para erradicar la violencia en la que viven estas personas.
Engañadas en sus países de origen
Durante los últimos 30 años, cuando se intensificaron los flujos migratorios de mujeres hacia España, éstas eran engañadas en sus países de origen con falsas promesas de trabajo y de un futuro mejor para ellas y sus descendientes; y al llegar a su destino se veían obligadas a prostituirse en clubes, pisos y en las calles de toda la geografía nacional. Padecían un sinfín de atentados a su dignidad y una continua vulneración de sus derechos humanos.
Dentro del mencionado plan se encuentra el desarrollo de itinerarios integrados para ayudar a las mujeres a acceder a alternativas laborales, así como apoyo en la búsqueda de empleo. Además, se pondrá en marcha un teléfono gratuito de información y orientación sociolaboral, prestando asistencia en procesos de regularización de la situación administrativa de estas mujeres, en gran parte extranjeras. Es destacable que la ministra de Igualdad, Irene Montero, haya recalcado la necesidad de modificar la Ley de Extranjería para brindar una mejor atención a las víctimas de origen inmigrante.
Las instituciones, las entidades sociales y la administración pública, todas juntas contra la trata. Es mi función como diputada remar en esa dirección.
Diputada de Unides Podem en les Corts
