Una fiesta en la que muere gente es una fiesta?», soltó la vicepresidenta del Consell de Puig sobre los bous al carrer, en un amago del totalitarismo censor tan propio de esta izquierda impositiva que padecemos. Cualquier cuestión les vale para amenazar con aprobar un decreto que prohíba lo que no les gusta o no cuadra con su ideal de sensibilidad ecologista, algo que --por cierto-- luego olvidan a las primeras de cambio mirando hacia otro lado, como cuando propician la muerte por inanición de más de una docena de burros en el Desert de les Palmes o eluden asumir responsabilidades tras miles de hectáreas calcinadas.
Poco les importa que los bous al carrer sean una tradición muy arraigada en la Comunitat Valenciana de la que disfrutan miles de aficionados, que se celebre en 280 municipios o genere un impacto económico de más 300 millones de euros anuales, siendo un sector del que viven muchas familias y municipios de interior, con más de un centenar de ganaderías autóctonas de reses bravas en la Comunitat.
Si fueran coherentes, y ya que están dispuestos a prohibir la fiesta bajo el falaz argumento de que muere gente, también deberían acabar con el baño en las playas, la circulación de coches o la práctica de deportes de riesgo que tantas muertes provoca. Pero mejor no darles ideas.
No le pidamos coherencia a un gobierno peleado entre sí y carente de criterio unitario, también en un asunto tan nuestro y autóctono como los bous al carrer. Pero sí les podemos exigir que respeten la libertad de las personas, no ataquen nuestras tradiciones y protejan el derecho de la gente a disfrutar de sus fiestas. Pero para eso hay que tener tolerancia, dialogar y trabajar para encontrar soluciones más allá de la prohibición.
Corregir lo que no funciona
Por supuesto que lamentamos los ocho fallecidos este verano y acompañamos a las familias en su dolor, pero seamos serios y abordemos el tema sin sectarismos ni clichés demagógicos. Sentémonos a escuchar y estudiar cómo corregir lo que no funciona. El camino no puede ser la prohibición, tiene que ser el de la información, la concienciación y el refuerzo de las medidas de seguridad. Sobre la mesa están estas cuestiones, el cumplimiento de los protocolos establecidos y la normativa vigente para evitar más muertes en la medida de lo posible. Hace falta una postura clara para no generar confusión. No vale tampoco que el gobierno de Puig esconda la cabeza debajo del ala delegando competencias y pasando toda la responsabilidad a los ayuntamientos como hacen habitualmente ante cualquier asunto espinoso.
Desde las distintas administraciones debemos trabajar consensuando acuerdos para contribuir a que las cosas salgan bien en beneficio de todos y se eviten desgracias. El martes me reuní, en mi condición de presidente de la Diputación, con la Federación de Peñas Taurinas Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana y acordamos que en el presupuesto del próximo año la Diputación de Alicante pondrá en marcha unas ayudas para los ayuntamientos de la provincia que oscilarán entre los 80.000 y los 100.000 euros, para adoptar todas las medidas posibles que ayuden a mejorar la seguridad, la información, la concienciación y la prevención y contar para ello con la implicación de todos; ayuntamientos, federación y participantes.
Debemos mejorar la concienciación de la gente para que cumplan con las normas establecidas; ofrecer una buena información; unificar criterios para garantizar la seguridad jurídica, económica y sanitaria de los municipios; adecuar la póliza del seguro y que las compañías puedan cubrir cualquier evento... Pero para eso es necesaria la implicación tanto de la Generalitat como de las Diputaciones. No podemos ni prohibirlos, porque los festejos tradicionales forman parte de nuestra identidad como pueblo, ni tampoco abandonar a su suerte al sector y a los ayuntamientos.
Presidente PPCV
