El precio del alquiler ha aumentado un 15% en los últimos 4 años en Castelló, un alza que sigue dificultando que se garantice al acceso a la vivienda. Los impagos de alquileres acaparan ya el 70% de casos de desahucios y desde la Concejalía de Vivienda somos conscientes de esta problemática y de su origen. Las grandes entidades financieras siguen especulando con las viviendas, de forma que siguen manteniendo 1.200 vacías en la ciudad, con el objetivo de incrementar el precio. Una práctica que solo provoca desahucios y la expulsión de las familias de sus barrios.
Lo hemos visto en un edificio del Raval Universitari, que pasó a manos de un fondo buitre que se dedicó a subir alquileres a unos inquilinos que pagaban hasta entonces precios asequibles. Consecuencia: salida de muchos vecinos y casas vacías que no son ocupadas.
Desde la Oficina Municipal de Vivienda realizamos todo el esfuerzo para atender a los más vulnerables con el Protocolo Antidesahucios Municipal y con la colaboración de la nueva unidad antidesahucios creada por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda. En siete meses desde el Ayuntamiento hemos frenado 180 desahucios. Asimismo, hemos colaborado en el trámite de 1.000 ayudas anuales al alquiler convocadas por la Generalitat, que representan el 10% de los alquileres totales y que ha supuesto un gasto de dos millones.
También hemos ampliado en 7 viviendas el parque público municipal. Representa el primer aumento realizado desde 1984, unas viviendas que se destinarán a alquileres asequibles.
Prácticas especulativas
Pero el radio de competencias de un Ayuntamiento es insuficiente para atajar las prácticas especulativas. Por eso, desde Unidas Podemos nos sumamos al clamor de colectivos sociales para que el PSOE active desde el Gobierno central una ley de vivienda, que regule el mercado del alquiler, fije un precio máximo en las zonas tensionadas de las ciudades para evitar la huida de los vecinos de sus propios barrios, y se movilicen las viviendas vacías de grandes propietarios.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de la ley por el derecho de vivienda en febrero para su remisión al Congreso, pero ocho meses después su aprobación sigue pendiente. Y garantizar el acceso a una vivienda digna y a precios justos no puede esperar más. Nos debemos a la mayoría social del país.
Portavoz adjunta de Podem-EUPV a Castelló
