El Gran Hermano en el que la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha convertido el centro de la ciudad le está saliendo muy caro a los castellonenses. Desde el 10 de enero, las cámaras de vídeo han impuesto 65.479 sanciones… más de 200 al día. Saquen la cuenta ustedes mismos: a razón de 80 euros la multa...
El equipo de gobierno ha salido inmediatamente a poner paños calientes en la herida. Que no todas han terminado en sanción, que no todas se han cobrado, que si el pronto pago… Excusas y más excusas. Porque la realidad es la que es. Y esas 65.479 son el conjunto de infracciones que se han impuesto a cada usuario que ha tenido la mala suerte de equivocarse de vía o de no poder leer los minúsculos carteles de zona restringida.
Lo dijimos en su momento, y lo volvemos a reiterar: no es el momento de freír a los castellonenses a multas. Nuestro centro se asfixia. Nuestros comercios y hosteleros sufren cada día más para poder mantener la persiana abierta, mientras el gobierno de PSOE, Compromís y Podemos lo único que hace por ellos es ahuyentar su clientela.
La punta del iceberg
Lo peor de todo es que esta realidad solo es la punta del iceberg. Si ahora mismo, el sistema cuenta con una veintena de cámaras distribuidas en unas pocas calles del centro, imagínense ustedes cuando el tripartito cierre al tráfico por completo todo el centro, con el denominado Castellón Central, y lo llene todo de videocámaras como las que ahora ya hay, que multarán a todo aquel que entre en el perímetro. Y eso, está por llegar muy pronto, en el próximo 2023. No es la solución. No a las videocámaras. No a castigar a los castellonenses.
Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón
