El pasado 10 de agosto el PP registró una Proposición de Ley que permita desalojar en 24 horas a los okupas de inmuebles y castigar con penas de hasta tres años de prisión, en línea con lo que ya viene ocurriendo en países como Alemania. En Dinamarca y Suecia solo se requiere un título que identifique al propietario para liberar la vivienda. La ley en el Reino Unido es taxativa y basta que exista una sospecha policial para actuar sin necesidad de mandamiento judicial; cuando se produce denuncia de usurpación en sus primeros 28 días el desalojo se resuelve en 24 horas. Y así un largo etcétera en la Unión Europea, cuyas naciones tienen la suerte de no contar con Podemos y la fórmula de un Gobierno Frankestein. Curiosamente, un mes después, 14 de septiembre, el PSOE registraba una Enmienda de Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé el desalojo de okupas en un tiempo máximo de dos días. Iniciativa que ha supuesto el rechazo frontal de los compañeros de Ejecutivo: Podemos y Yolanda Díaz.
Durante la presente legislatura el PSOE de Pedro Sánchez ha rechazado cualquier propuesta para dar respuesta al grave problema que supone la actividad okupa. Ahora, ante la presión de numerosas organizaciones ciudadanas y viendo que el centro derecha monopolizaba un tema de gran sensibilidad social, en el más puro estilo sanchista el PSOE aplica aquello del refranero: «Donde dije digo digo diego» y pretende neutralizar la iniciativa del PP, en cuya campaña de concienciación está implicado el propio Alberto Núñez Feijóo. En su última visita a Barcelona, el líder popular fue claro: «A un okupa no se le desahucia, se le desaloja». En la hermana capital de Cataluña, quién te ha visto y quién te ve «Barcelona sempre es bona...», Feijóo lo tuvo fácil para recordar lo que todos sabemos, en referencia a la alcaldesa Ada Colau: «Hay ciertos comportamientos en la ciudad de Barcelona que tienen efecto llamada en favor de la ocupación de vivienda». Colau tiene a gala haber sido okupa, demás de emula de saltimbanqui. La cabra tira al monte.
La peste okupa
Castellón no escapa a la peste okupa. En los últimos meses el indeseable fenómeno viene haciendo mella en varias zonas urbanas, con especial incidencia en edificaciones del PAU Lledó, paseo Morella, barrio de la UJI y un largo etcétera. Los vecinos afectados vienen denunciando la situación, detectando la presencia de mafias organizadas que controlan las ocupaciones. El problema no queda en los allanamientos, que ya es, a ello se añaden problemas de seguridad ciudadana, molestias por ruidos y amenazas a los residentes de los puntos urbanos afectados. Sobre eso y mucho más hablaron el pasado viernes, en el Casino Antiguo, los senadores populares y juristas Salomé Pradas y Fernando de la Rosa, en un acto abierto a la ciudadanía, que moderó la también abogada Begoña Carrasco, candidata del PP a la alcaldía de Castellón. Los asistentes pudieron firmar en apoyo a la Proposición de Ley del PP, en el ámbito de la campaña del territorio nacional.
La ofensiva anti okupa del PP viene avalada por el Tribual Europeo de Derechos Humanos, cuya doctrina recuerda: «La demora prolongada de las autoridades públicas en la ejecución del desalojo de los ocupantes ilegales de un inmueble, aun en aquellos casos en los que obedezca a la necesidad de planificar y garantizar la asistencia social a las personas en situación de vulnerabilidad, vulnera el derecho del poseedor legítimo a un proceso equitativo, así como, en su caso, el derecho de propiedad». Ah, resulta que en la UE y, por ende en España, existe el derechos de propiedad. Menos mal. En los últimos años, se nos había olvidado.
Periodista y escritor
