En abril de este año la Ley de Residuos, concretamente el artículo 27.3, prohibió casi totalmente la quema de restos de podas agrícolas al considerarlo residuos. Esa situación colocaba a los agricultores ante la única alternativa de la trituración o la retirada por los canales autorizados. Una quimera inviable económicamente para los pequeños e imposible para los no profesionales.
Desde entonces, tanto Marta Barrachina como Carlos Mazón nos encomendaron a los diputados y senadores la tarea de intentar modificar esa barbaridad. Lo mismo hicieron desde otros territorios por lo que el PP en bloque nos pusimos a trabajar en ello.
Eso supuso la aprobación en el Congreso de los Diputados, pese a la oposición socialista, de una disposición en la Ley de la PAC que eliminara el mencionado artículo 27.3.
La reacción (o mejor decir rabieta) del Gobierno al día siguiente fue imponer la interpretación de que sin ese artículo regía una prohibición total de quemas, lo que provocó que en el trámite del Senado propusiéramos una redacción que dejara claro que la Comunidad Autónoma podía autorizar las quemas y conseguimos los votos para incorporarla al texto que se ratificaría en el Pleno del Senado.
Los socialistas, en el último momento, viendo que iba a prosperar la modificación propuesta por el PP, presentaron una redacción apaño que le votaron ERC, PNV y JuntsxCat. La intención era obvia: evitar que el PP pudiera decir que había arreglado la chapuza.
El resultado final es parcialmente el deseado, pero en parte. Queda en el aire que los restos sigan considerándose residuos y qué pasa con los agricultores no profesionales. Es triste que por puro sectarismo del PSOE acabe quedando un texto que no acoge las peticiones del sector y que solo se deba a que los independentistas están más cómodos votando con los socialistas.
Pero nos queda la tranquilidad de que el resultado es sin duda obra del trabajo del PP, porque hemos forzado al PSOE a asumir una autorización que nunca quiso. En definitiva, nuestro trabajo valió la pena. Aunque la solución sea un apaño y no hayan querido que sea la que propusimos.
Ahora le toca a la Generalitat acabar de clarificarlo. Lo que tampoco sé si nos debe dejar tranquilos. Veremos.
Senador. Portavoz de Medio Ambiente del PP en el Senado
