Derecho irrenunciable

A tenor de lo leído y oído últimamente, se adivina un peligroso sentimiento en contra del artículo 20 de la Constitución que garantiza la libertad de expresión, por parte del Gobierno Frankenstein que dirige el doctor Sánchez y sus incondicionales terminales a lo largo del territorio nacional. Los populismos, no digamos las dictaduras, encajan mal la crítica periodística cuando mandan, no así cuando les toca el papel de oposición como puede constatarse tirando de hemeroteca. Quienes hoy ejercen el poder de la nación: socialistas, podemitas, Yolanda Díaz, Bildu y ERC, dan visos de añorar la Ley de Prensa acuñada por Serrano Suñer en abril de 1938 que definía al periodista así: «Apóstol del pensamiento y de la fe de la nación recobrada a sus destinos (…) digno trabajador al servicio de España». Así no resulta extraño que colegas antaño centuriones aguerridos de la denuncia política, desde los micrófonos o las páginas impresas, ahora cuestionen la libertad de expresión, cual censores de la referida ley franquista. Mala cosa.

Curiosamente, la norma más liberal hasta la llegada de la democracia se remonta al Gobierno de Sagasta, allá por 1883, con la Restauración borbónica. Ley que suspendería la dictadura del general Primo de Rivera. La II República estableció la Ley de Orden Público en octubre de 1931, sustituida dos años después por la Ley de Defensa de la República. Ambos textos limitaban la capacidad de crítica de los medios de comunicación. O sea, acallar a los periodistas. Manuel Fraga redactó un texto aprobado por las Cortes franquista en 1966 que permitió cierta apertura. Sería la Carta Magna del 78 la garante de la libertad de expresión. Derecho irrenunciable, aunque se empeñe el sanchismo.

Periodista y escritor

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