Pensiones, privilegio para la mayoría social

Hace tiempo cayó en mis manos De senectute, un breve tratado sobre la vejez escrito por el orador y político romano Marco Tulio Cicerón. En él, el personaje de Catón el Viejo desmonta a los jóvenes Escipión y Lulio los motivos que convierten en triste la vejez, solo que el filósofo romano también denomina como «el final de una representación teatral».

Así, el alter ego de Cicerón se nos muestra como un sabio senador anciano que, mientras describe una vida de hazañas simpar, disfruta de una vejez tranquila y sin escasez.

No aparece referencia a la vejez de artesanos, pescadores, mensajeros, mendigos… y menos a la de las mujeres ancianas de la antigua Roma sin medios económicos. Ellas y ellos buscaban mil maneras para sobrevivir al día a día en su senectud.

Porque envejecer en el Imperio Romano se consideraba un privilegio para unos pocos: el abandono y la pobreza estaban a la orden del día para el conjunto de la población que pasaba la barrera de los 60 años, considerada como senex.

Artículo de lujo

El Imperio Romano nos queda muy lejos, pero lamentablemente nos recuerda a una etapa cercana: con el Partido Popular envejecer también era un artículo de lujo porque muchas familias dependían de la pensión de sus mayores para sobrevivir. Días nefastos que ya quedan atrás porque ahora sí que hay ayudas públicas para que las familias no tengan que recurrir al dinero de sus patriarcas y matriarcas.

Actualmente, el privilegio es contar con un estado del bienestar que nos permite cuidar de nuestras personas mayores. Un sistema que garantiza, después de haber trabajado toda una vida, unas pensiones que resultan del compromiso inquebrantable del Gobierno de España con la protección de la mayoría social.

Un Estado que se ocupa y se preocupa de la revalorización por ley de las pensiones con el IPC, para garantizar el poder adquisitivo de nuestras y nuestros pensionistas. Porque las pensiones, un derecho constitucional, no pueden someterse a los antojos del gobierno de turno.

Y ello se traduce en una subida del 8,5 por ciento de la pensión para este año 2023, que en la práctica significa 1.500 euros más al año para una prestación media de jubilación. Es como añadir una mensualidad más, y pasar de catorce a quince pagas. En el caso del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas el aumento es del 15 por ciento. Estamos orgullosas y orgullosos de poder garantizar un sistema que protege a 11,8 millones de pensionistas y perceptores de prestaciones en España.

Es posible afrontar la crisis

Ante los agoreros de la queja y el todo mal, el Gobierno del presidente Sánchez demuestra con argumentos que es posible afrontar la crisis de otra manera. Blinda el poder adquisitivo de los pensionistas frente a la revalorización del 0,25 por ciento que hizo el PP en 2013. Sí, aquella que subía unos céntimos y que jubiladas y jubilados sintieron como una tomadura de pelo.

De haberse aplicado, la pensión media de nuestras personas jubiladas habría subido ahora apenas 40 euros al año, en lugar de los 1.500 euros que propone el actual Gobierno. Ladran, luego cabalgamos.

Y si miramos a la Comunitat Valenciana, las cifras manifiestan que el Gobierno para las personas de Pedro Sánchez ha hecho que las pensiones de un millón de ciudadanas y ciudadanos de nuestra comunidad autónoma crezcan más de un 23 por ciento.

Y que, mientras en 2018 las pensiones en la Comunitat apenas superaban los 1.000 euros, ahora, gracias a las medidas de un gobierno de progreso, 646.363 personas disfrutarán de una pensión media de jubilación de 1.253 euros. De ellas, 87.336 jubilados y jubiladas están en la provincia de Castelló.

Así, a pesar de la incertidumbre actual, en un escenario de inflación acuciante, nuestras y nuestros mayores pueden estar tranquilos porque su poder adquisitivo está garantizado.

Por suerte, no vivimos en la Roma de los emperadores. Por suerte, tenemos un gobierno que dignifica las pensiones, recupera la dignidad de los empleos y protege a las personas más vulnerables y a la mayoría social.

Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana

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