El pasado jueves, inicié un nuevo reto como servidora pública al jurar la Constitución en el Senado, la Cámara Alta de representación territorial, en lo que será su XV legislatura. No hace falta que les diga la satisfacción que supone para mí, que me considero una mujer orgullosa de su tierra, contribuir a mi país sumando mi experiencia en la gestión municipal y veinte años de aprendizaje continuo y trayectoria de servicio público, para poder representar a la provincia Castellón y, con ello, la defensa de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas.
Ello me va a dar la oportunidad de participar, entre otros asuntos, en el procedimiento de aprobación de las leyes del Estado y en la mejora de numerosos proyectos legislativos, así como ejercer el control sobre el Gobierno mediante instrumentos como preguntas, mociones, debates, comparecencias... También es función del Senado tener la última palabra en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y es que, como foro parlamentario, es el lugar donde los representantes de los entes territoriales podremos defender los proyectos económicos para nuestra provincia, todos aquellos que repercutan en la mejora de nuestro territorio y, por ende, en la calidad de vida cotidiana de todos nuestros vecinos. Y es que, pese a lo que algunos opinen, el Senado es una institución fundamental de nuestra arquitectura constitucional.
Volviendo al principio, les confieso que fue una ceremonia solemne y muy emocionante, cargada de simbolismo y en la que todo discurrió de forma normal y según lo previsto, incluso las esperadas salidas de guion institucional y particulares fórmulas utilizadas por algunos representantes de algunas formaciones para jurar y prometer el acatamiento de nuestra Carta Magna.
Pero al tiempo que se vivía esta experiencia en el Senado, en la sesión constitutiva de la Cámara Baja en el Congreso de los Diputados, asistíamos perplejos a uno de los despropósitos más grandes de los últimos años de nuestra democracia: La primera desvirtuación de la voluntad mayoritaria de los españoles que, el pasado 23 de julio, eligieron un cambio de rumbo para nuestro país por la senda del progreso y la estabilidad, otorgando la mayoría de votos al Partido Popular.
Y es que, a falta de que se realicen todas las rondas de consultas preceptivas por parte de SM el Rey, en cierto modo descorazona pensar que quienes no han contado con la confianza directa de la ciudadanía, quienes no han ganado las elecciones, puedan llegar a conformar, nuevamente, gobierno y gestionar nuestro país desde la derrota y, lo que es peor, de la mano de quienes ni consideran, ni respetan, ni defienden, los intereses generales de España y de nuestra Constitución. A estas alturas ya habrán descubierto que hablo de más de una veintena de partidos que aspiran a que las ansias de poder del señor Pedro Sánchez sean tan fuertes, que esté dispuesto a todo para mantenerse en el y, como les decía, aunque sea a costa de desvirtuar el sentir mayoritario de los españoles expresados en las urnas el pasado 23 de julio.
Si el sentido común es el mejor de todos los sentidos, este nos dice que deberían ser quiénes han ganado las elecciones los que, de manera clara y contundente, deben gobernar. De lo contrario nos enfrentaremos a un escenario incierto y muy complicado, absolutamente contrario a la voluntad democrática expresada en las urnas por más de ocho millones de españoles que confiaron directamente en un proyecto de cambio, que apostaron por la estabilidad y eligieron la fiabilidad como forma de recuperar la credibilidad que ofrece el Partido Popular, dando su confianza mayoritaria a Alberto Núñez Feijóo.
Alcaldesa de Benicàssim y senadora
