Una tasa impuesta

Los ayuntamientos españoles hace tiempo que tenemos marcado en color rojo en nuestro calendario el mes de abril de 2025, pues es la fecha límite en la que todos los municipios, estaremos obligados a implantar la denominada tasa por generación de residuos. 

Una tasa que, como bien recoge la ley estatal que la regula, pasa de ser potestativa para los municipios, a obligar a los ayuntamientos a imponerla y repercutir sobre sus ciudadanos el coste íntegro del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de basuras. Si bien algunos municipios ya tenían implantada la tasa y sus vecinos venían costeando el pago de una parte minoritaria del servicio que se presta, ahora la nueva Ley aprobada es tajante al regular que deberán ser los ciudadanos quienes tengan que asumir el coste íntegro del mismo lo que supondrá, en la mayoría de los casos, un incremento considerable de sus recibos. 

Benicàssim ha sido durante años algo excepcional en este sentido, puesto que hasta ahora ha sido el propio ayuntamiento quien, con recursos generales, ha sufragado de manera íntegra todo el servicio de recogida y tratamiento de residuos, opción que no será viable a partir del próximo año, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez nos ha cambiado las reglas del juego y, sin excepción, estamos obligados a aprobar antes de que acabe este año una nueva tasa que repercutir a las familias de nuestros municipios para costear el servicio.

Si bien la nueva tasa de residuos, o de basuras como se la conoce, tiene su origen en diferente normativa europea del año 2018 sobre residuos, no es menos cierto que en ella se contienen y citan hasta quince recomendaciones para alcanzar unos objetivos medioambientales, como alcanzar el 50% de reciclaje para el año 2030. Pero ha sido con la transposición de esa normativa que el Gobierno de España la convirtió en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Esta ley, en su artículo 11 recoge, claramente, la obligación de que sean las Entidades Locales quienes aprueben una tasa, cargando el coste íntegro de recogida, tratamiento y eliminación, a los vecinos, bajo el concepto de quien contamina, paga.

Es decir, lo que Europa recomienda, Sánchez unilateralmente convierte en imposición, cargando a nuestras familias con un nuevo gasto, aunque el presupuesto municipal, en parte o en su totalidad, lo pudiese asumir. Y, lo que es más grave, deja a los ayuntamientos a los pies de los caballos, porque en lugar de aprobar un impuesto estatal con desarrollo y cobertura reglamentaria, simplemente vuelca su responsabilidad en los municipios y nos obliga a los ayuntamientos a imponer una tasa a los vecinos. 

En mi opinión, esta es una imposición que considero que va más allá de lo razonable, que ha planteado dudas para su implantación y desarrollo tanto técnicas como jurídicas y que así se viene poniendo de manifiesto desde diferentes entes, pues a todas luces interfiere en el principio de autonomía que gozamos los ayuntamientos y que nos garantiza la Constitución Española.

Además, la propia Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, también reconoce a los ayuntamientos libertad para establecer sus propios tributos, por lo que la decisión de Pedro Sánchez de imponernos la obligación de imponer una tasa, es cuanto menos cuestionable. 

Un abuso en toda regla. Pero ya se sabe, quien nos gobierna está más pendiente de mantenerse en el sillón, que de conocer las necesidades reales de los ciudadanos a quienes cada día les cuesta más llenar la cesta del supermercado.

También podría el Ministerio para la Transición Ecológica abordar, de una vez por todas y de manera eficaz, estrategias ambientales comunes y precisas con las que cumplir con los objetivos medioambientales propuestos por Europa. Pero en vez de ello, junto con la ministra de Hacienda, se dedican a remitir a los ayuntamientos recordatorios para que se aprueben dentro de este año las obligadas tasas con las que sablear el bolsillo a los ciudadanos. Somos conscientes que el tratamiento de residuos, desde el principio hasta el fin de su cadena, tiene un coste que tenemos que asumir todos, pero esto no significa que deba ser a base de decisiones impuestas desde el Gobierno central, descargando sus obligaciones sobre los bolsillos de los vecinos.

Y es más, por mucho que el pasado viernes en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Benicàssim, los señores del Partido Socialista y de Compromís trataran de echarle únicamente la culpa a las políticas medioambientales de Europa para intentar, de cara a la opinión pública, blanquear las políticas y decisiones de Sánchez, la realidad es que si hablamos de política, hablemos con rigurosidad elevando nuestras quejas unánimes al Gobierno que, en definitiva, es desde donde proviene esta obligatoriedad para los municipios.