La basura del socialismo

Habrán leído o escuchado estos días en periódicos, radios y televisión que la tasa de basuras se incrementará en 2025. Nos tocará pagar más para enfrentar un castigo que llega como regalo envenenado del Gobierno de España. Una condena que aprobó el PSOE, con el apoyo de sus socios, y que convirtió en ley para que nadie escapara: la Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Para entender bien la cuestión merece la pena que conozcamos los motivos. Porque cuanto más informados estemos, mejor sabremos evaluar las posiciones de las fichas del tablero y situar, a cada una de ellas, donde merece.

En el 2008 la Unión Europea aprobó la Directiva 2008/98, modificada por la Directiva 2018/851, conocida como Directiva Marco de Residuos. Este texto estableció unos objetivos que, para cumplirse, proponían una serie de recomendaciones, entre ellas, incentivos económicos para reducir la generación de residuos. El socialismo convirtió estas recomendaciones en castigo y alumbró junto a sus socios la Ley 7/2022 que el PP votó en contra. Un marco legal que obligará a los ayuntamientos a incrementar la tasa de basuras sí o sí, sin posibilidad ninguna de asumir este tasazo desde las arcas municipales para salvaguardar a los vecinos. Los ayuntamientos deberán incrementar la tasa de basuras, en el caso de que ya exista, o a crearla, de no estar vigente, porque antes del 10 de abril de 2025 deberá cobrarse a toda la ciudadanía.

Esta tasa recauda dos conceptos. Uno, el de recogida, transporte y tratamiento, y otro, de nueva creación, el que corresponde al depósito de residuos en vertedero, su incineración y coincineración para eliminar los residuos.

En Europa, hay países que han dado pasos de gigante en materia de gestión de residuos. Sería provechoso que nos fijáramos en ellos, porque en lugar de imponer un castigo económico al ciudadano, como ha hecho Pedro Sánchez en España, aplican tasas individualizadas para cada persona, de modo que se paga por la cantidad de residuos que se genera.

Al Gobierno de España le pesó más la necesidad de recaudar que la de pensar. Y así fraguó esta nueva ley, donde el PSOE convierte la tasa de basura de potestativa a obligatoria. No solo rompe el principio de autonomía municipal, sino que impone un castigo que se exige como deber, no se recomienda como opción. En definitiva, el PSOE exige a la población que sean las economías domésticas las que deban pagar de su bolsillo no solo el servicio, sino también el vertido.

Defensa férrea

La Diputación Provincial de Castellón tiene un pacto con esta provincia, no con los deseos irrefrenables de cobrar que exhibe sin pudor el Gobierno de España. Por eso nos van a encontrar en la defensa férrea de los derechos de los ciudadanos de esta tierra. En un frente común para decirle a Pedro Sánchez que frente al delirio hace falta sentido común, y frente al cobro, alternativas. Esta institución protege a sus municipios y garantiza los principios de reparto y ecuanimidad. Por ello presentamos al pleno de la corporación una propuesta que deseamos que apoye la corporación al completo porque solo pide cordura al Gobierno de España y exige una moratoria en la aplicación de la tasa.

Lo haremos reclamando a Pedro Sánchez el respeto que debe a la autonomía local. Porque el PSOE ha decidido meterse hasta la cocina de los ayuntamientos para decirles cómo deben hacer las cosas sin ni siquiera escucharles. Hoy hay consistorios que teniendo liquidez se plantean sufragar parte de este castigo. Sin embargo el PSOE también les niega esta posibilidad porque la ley no permite aprovechar la solvencia de los municipios en la financiación de esta tasa.

Por eso pedimos una modificación legislativa que haga de la Ley 7/2022 un texto más flexible y permeable. Capaz de facilitar mecanismos que ayuden a los consistorios a sufragar parcialmente el gasto. Porque quizás el PSOE, en su afán de recaudar, no ha tenido mesura en las formas, pero tampoco ha caído en el fondo. La basura de los socialistas llega hasta nuestros hogares sin tener en cuenta ningún principio de progresividad fiscal. Es decir, que las familias más vulnerables, con recursos más escasos, deberán pagar idéntica tasa a aquellas que tienen mayor poder adquisitivo.

Y en la Diputación Provincial de Castellón no creemos que aumentando la desigualdad entre la población avancemos hacia una sociedad más próspera ni justa. Tampoco hacia una más sostenible y comprometida con el entorno.

Por eso, en el próximo pleno, previsto para el martes 22 de octubre, esta presidenta que les escribe defenderá en el máximo órgano de representación provincial a todos los ciudadanos de Castellón. Lo haremos, una vez más, demostrando que frente a quienes vienen a cobrar, aquí trabajamos para ayudar a nuestra tierra. Siempre.

Presidenta de la Diputación de Castellón