Dos meses, una montaña de trabajo y demasiadas preguntas

Han pasado dos meses desde la mayor catástrofe en muchas décadas en España y la primera impresión es que, a pesar de lo lógicamente avanzado, queda una montaña de trabajo por delante, que requiere lo mejor de todos y, sobre todo, de las autoridades, en quienes recae la responsabilidad principal de dirigir las tareas necesarias. 

Dos meses después, se han limpiado la mayoría de calles, se han instalado puentes y pasarelas provisionales en tiempo récord, todo el alumnado está dando clases, ya sea en colegios de otros municipios o en barracones, y se han habilitado soluciones para los centros de salud de la zona cero. 

Dos meses después, permanece también el barro y el polvo en algunas zonas devastadas, en torno a la mitad de los comercios del área inundada no han reabierto, decenas de garajes continúan llenos de lodo, más de 18.000 trabajadores están pendientes de cobrar a través de expedientes de regulación temporal (ERTE) y unos 60.000 vehículos (la mitad de los destrozados) continúan en campas provisionales a la espera de desguace con el riesgo para los vecinos que implican. 

Dos meses después, el Gobierno sigue registrando una media de 700 solicitudes diarias de ayuda directa, dato que da cuenta de la profundidad del destrozo causado y que debería sensibilizar sobre la necesidad de evitar frases fáciles y promesas ligeras y, al contrario, hacer pedagogía sobre una recuperación que solo puede ser larga y costosa.

Dos meses después, las administraciones han movilizado una cantidad muy importante de recursos (16.600 millones el Gobierno de España y 1.324 la Generalitat), pero las ayudas llegan con demasiada lentitud. De la cantidad citada, el Ejecutivo ha pagado 950 millones a día de hoy (un 5,7 % de los fondos dispuestos) y más de 600 millones de esa cifra han sido a través del Consorcio de Compensación de Seguros. Para las más de 35.700 peticiones de ayuda directa recibidas para paliar daños se han abonado poco más de 38 millones de euros. Es muy poco. Y ayudas por fallecimiento se han entregado 41, cuando es conocida la cifra de 223 muertes. Son cifras que exhiben por sí solas la necesidad de agilizar trámites y ser más proactivos con los damnificados.

Dos meses después, los testimonios de las familias de las tres víctimas que permanecen desaparecidas revelan una falta de sensibilidad de las autoridades preocupante por cuando además no es la primera muestra. Cuesta mucho entender que, trascurrido este tiempo, los familiares se lamenten de que “nadie” desde las instituciones públicas mantenga el contacto con ellos. Como cuesta entender dos meses después la ausencia de encuentro alguno con los afectados del presidente de la Generalitat y del presidente del Gobierno de España.

Dos meses después, permanecen demasiadas preguntas sin respuesta, a pesar de largas comparecencias en Corts, sesiones de control y preguntas parlamentarias. ¿Qué falló? Esta es la pregunta central que requeriría avances que brillan por su ausencia, como si solo pudiera ser la justicia la encargada de dar esas respuestas, lo que es mal síntoma para una democracia. ¿Por qué no se envió antes la alerta masiva a la ciudadanía, que hubiera podido salvar algunas vidas? ¿Por qué se convocó tan tarde, cuando ya había inundaciones, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), encargado de adoptar medidas? ¿Qué sucedió aquella tarde en el seno de ese órgano y por qué no han quedado actas ni grabaciones? ¿Se hizo caso omiso de previsiones y avisos, ahora que se sabe que el sistema europeo emitió días antes varios mensajes sobre posibles inundaciones en la zona? ¿Llegó toda la información de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Aemet sobre el estado de las ramblas y la evolución de la dana por los canales regulados y efectivos? ¿Por qué el barranco del Poyo (de la CHJ) tenía un único caudalímetro informatizado? ¿Tomaron la Confederación o los ayuntamientos mediciones manuales? ¿Qué hizo Carlos Mazón a partir de aquel mediodía y hasta entradas las 19.00 horas, cuando se personó en el Cecopi, y por qué los giros de guion sobre el almuerzo con la periodista que supuestamente quería para dirigir À Punt? ¿Por qué el Ejército tardó tanto en ponerse en marcha con recursos importantes? ¿No pudo el Gobierno actuar antes, no pudo ofrecerse al margen de si había emergencia nacional o no? ¿Se han puesto en marcha protocolos nuevos que corrijan los errores de aquel 29 de octubre?

Dos meses después, que el jefe del Consell y el presidente del Gobierno no mantengan ninguna comunicación es la evidencia más clara de que el fango político se ha instalado en esta catástrofe y daña la capacidad de respuesta coordinada.

Dos meses después, la sociedad sigue enviando mensajes de que necesita la adopción de responsabilidades. Las tres manifestaciones multitudinarias (con cifras distintas, con contextos diferentes -como la de ayer, en fechas navideñas-, pero siempre con una asistencia de decenas de miles de personas) representan un grito importante claro en dirección a Carlos Mazón, cada vez en una situación más complicada. Está en su mano la toma de decisiones. Y está en mano de los diferentes actores políticos y sociales ayudar a conducir la reconstrucción por formas y métodos más saludables democráticamente y eficaces.