Opinión | A FONDO
Les casetes de la mar
El regalo que en plenas navidades recibieron los vecinos de Torre la Sal en Cabanes, de mano de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no fue otro que las notificaciones que les anunciaban la desestimación de los recursos que, en su momento, habían presentado para defender sus viviendas ubicadas en primera línea de playa, las cuales ahora se ven afectadas por los nuevos deslindes de Costas.
Unos deslindes que constituyen una acción destructiva por parte del Gobierno y contraria al derecho internacional, denunciada por el Parlamento Europeo, así como por el propio Consejo de Estado sugiriendo, ambos, la necesidad de reformar la actual ley de Costas al comprobar que, además de no servir para proteger la costa, también deja en total indefensión jurídica a los ciudadanos afectados por ella. Vecinos y vecinas que, en definitiva, solo luchan por proteger y conservar lo que es suyo, sus casas, pero que con las notificaciones recibidas se sienten tan amenazados como impotentes.
Lo comprobé el pasado fin de semana, cuando tuve la oportunidad de escucharlos y conversar con ellos. Me transmitieron esa amarga sensación de ver cómo quienes deberían proteger sus derechos, se los están arrebatando, obligándoles a abandonar sus hogares y a perder las propiedades que han pasado de padres a hijos, generación tras generación.
Ahora les toca a los vecinos de Torre la Sal, pero hay muchas poblaciones de nuestra provincia amenazadas como Moncofa, Xilxes, Nules y diversas áreas de la Comunitat, que también temen perder ese singular patrimonio arquitectónico y cultural que dibuja nuestra línea de costa y que la hace única. Tradicionales poblaciones marítimas que hoy se ven afectadas por nuevos deslindes, y vecinos que viven con la angustiosa incertidumbre de ver peligrar sus casas.
Regresión
Esta circunstancia no es nueva y somos muchos alcaldes, a lo largo de la costa de la provincia Castellón, quienes llevamos años denunciando, reclamando y sufriendo la regresión del mar y la costa con cada temporal. Una situación que podría haberse atajado mucho antes por parte del ministerio, con las inversiones adecuadas y suficientes para la construcción de infraestructuras de defensa del litoral, que hubiesen evitado esa regresión que sufrimos en nuestras costas y que tanto afectan a la playa sur de Benicàssim.
Siendo conscientes de la situación, el mes de marzo del pasado año, desde el grupo parlamentario del Partido Popular en el Senado, presentamos la proposición para modificar la actual ley de Costas 22/1988, con la que se pretendía encontrar una solución adecuada a la situación actual, además de tener en cuenta la inclusión y la protección de estos singulares conjuntos urbanos de tipología tradicional, como el poblado marítimo existente Torre la Sal.
De manera sorprendente, la iniciativa fue rechazada por el PSOE y sigue paralizada en la mesa de Congreso; el mismo partido que mientras en la provincia se pone al frente de manifestaciones luciendo camisetas con el eslogan Salvem Torre la Sal, cuando toca defenderla y llega el momento de actuar de verdad, demuestra ser incapaz de proteger los derechos de los vecinos, poniéndose de perfil por una cuestión de ideología mal entendida, para evitar desagradar a sus socios de gobierno o, peor todavía, por no contrariar a sus superiores.
Lo más grave del caso es que, pese a su negativa, la propuesta del Partido Popular salió adelante en el Senado, pero actualmente están impidiendo que la ley continúe con su trámite parlamentario paralizándola en el Congreso; manteniéndola secuestrada en manos de esa mayoría que conforman PSOE y Sumar, partido que también integra a Compromís en la Mesa de Congreso.
Poco sentido común
Una mayoría a la que le puede más la ideología política de no querer aceptar una propuesta llegada desde el Partido Popular y consensuada con otros partidos, que el sentido común de ayudar a los vecinos de nuestra provincia, que quedan indefensos sin una nueva ley que les proteja.
Paralelamente, el actual Consell de la Generalitat valenciana ya ha presentado su anteproyecto de ley para la ordenación y protección de toda la costa valenciana que, entre otras cuestiones, recoge la protección del patrimonio de nuestro litoral como son los núcleos costeros tradicionales, por su valor etnológico, en aras a que sea el instrumento que de tranquilidad a las familias y proteja sus derechos, apostando porque sea la Generalitat quién decida el futuro de las autorizaciones y concesiones en nuestra costa.
Algo que posibilitará dotar a nuestras magníficas playas con los servicios necesarios para poder disfrutar de ellas más allá de los meses de verano. No en vano, son generadoras de economía, puestos de trabajo y gran reclamo turístico de nuestra Comunitat.
Alcaldesa de Benicàssim y senadora
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