Ejemplaridad y política

La declaración ante el juez la pasada semana de Jessica Rodríguez, la que fuera pareja de José Luis Ábalos, no solo sitúa al exministro en una posición insostenible a la hora de demostrar en los tribunales su pretendida inocencia en el caso Koldo, sino que supone además una representación del machismo más rancio, que se suponía desaparecido, o en vías de extinción, al menos de algunos sectores de la sociedad española. Por lo que Rodríguez explicó al magistrado del Tribunal Supremo no es, desgraciadamente, así. Porque Ábalos, la persona que estuvo al lado de Pedro Sánchez en su reconquista de la secretaría general del PSOE, elegido además secretario de organización del partido cuando Sánchez recuperó la secretaría general y ministro de Transportes entre 2018 y 2021, tenía una relación con una mujer que en tiempos pasados, y al parecer aun no superados, se hubiera calificado con términos hoy felizmente en desuso. Aunque sustituidos por otros que dan un aire de modernidad a un modelo de relación arcaico.

La expareja de Ábalos desgranó ante el juez los beneficios de su vínculo sentimental con el exministro: le pagaron el alquiler de 2.700 euros al mes, en un piso en la plaza de España de Madrid, durante dos años y medio, fue contratada por las empresas públicas Ineco y Tragsatec, de las que cobró algo más que el salario mínimo sin acudir jamás a trabajar, y acompañó al exministro en casi una veintena de viajes oficiales. No es que lo relatado por Rodríguez nos devuelva a un infecto pasado, es que parece más propio del desprecio a las mujeres que destilaban aquellas películas del destape español de los años 80 o un reflejo de lo que se cuenta de las relaciones que mantenían algunos gerifaltes del franquismo. Un hombre con poder que se aprovecha de su situación en el escalafón gubernamental y de sus relaciones con empresarios presuntamente corruptos para sostener relaciones sentimentales paralelas. Al menos los 2.700 euros de alquiler por el piso que Rodríguez disfrutaba, eran abonados, al parecer, por el empresario Víctor de Aldama, el financiador de la trama, según la UCO.

Actitudes machistas

Lo grave, además de los hechos conocidos, es que el imputado era uno de los principales dirigentes del PSOE de Sánchez, un partido partidario de prohibir la prostitución y erradicar la trata de mujeres y niñas, y su actitud, de confirmarse lo declarado por su expareja ante el juez, representaría una contradicción muy grave entre lo que se dice defender y lo que se hace. No es moralismo trasnochado considerar que además de las acusaciones por tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación, que el magistrado Leopoldo Puente está investigando y que tienen relevancia tanto penal como política, el presunto destino para propósitos particulares de recursos públicos también merece una reprobación específica. Mantener el silencio sobre su actuación le resta credibilidad al PSOE en sus políticas feministas, especialmente cuando defiende, casi en solitario, la abolición de la prostitución. Como le restan credibilidad a la izquierda las acusaciones por abusos contra Errejón o Monedero. No es un buen preludio para el 8M. La igualdad y los derechos de las mujeres requieren de un compromiso más serio de los partidos, que deben erradicar actitudes machistas y apartar a quienes todavía las practican.