Una delegación con límites

El partido socialista y Junts, después de una negociación que ha durado meses y ha condicionado desde la posibilidad de configurar mayorías en el Congreso al desbloqueo del traslado de menores desde Canarias, presentaron ayer una iniciativa conjunta para tramitar la delegación de competencias estatales en inmigración a la Generalitat de Catalunya. El acuerdo incluye también la ampliación de efectivos de los Mossos para que tengan funciones compartidas con el resto de fuerzas de seguridad del Estado en fronteras, aeropuertos y puertos.

En lo que respecta a la gestión de las políticas de extranjería, se prevé delegar atribuciones en la gestión de permisos de residencia, en el establecimiento de las necesidades de mano de obra para contratación en origen o la expedición de documentos de identidad y la administración de los CIE, entre otras.

Como apunta el preámbulo del texto negociado por las dos partes, el fenómeno migratorio tiene un impacto directo en multitud de políticas públicas necesarias para hacer efectiva la integración social de los nuevos componentes de la sociedad catalana. Muchas de ellas son ya competencia de la Generalitat, o incluso de los servicios sociales municipales. Que en el territorio de Cataluña puedan ser ejercidas de forma transversal e integrada por parte de la Generalitat es una demanda lógica desde la defensa de las mayores cotas posibles de autogobierno para Cataluña. También puede llevar a una gestión adecuada y ajustada a las necesidades del territorio. Aunque es difícil imaginar qué grandes diferencias se pueden marcar dentro del actual marco legislativo español y europeo. De la misma forma, el ejercicio de gobernanza compartida de muchas de estas competencias puede ser extremadamente difícil de desplegar y coordinar. La misma delegación de competencias estatales en una materia tradicionalmente reservada a la Administración central del Estado (que no traspaso) tiene unas limitaciones interpretables, atendiendo al texto constitucional, que inevitablemente acabarán en un recurso cuyo resultado es aventurado prever. Sobre todo si se interviene en una política tan fundamental a través de un acuerdo bilateral en lugar de un pacto de Estado.

Amnistía

Es tan evidente que Junts tiene tanta necesidad de que la legislatura no se agote, por lo menos hasta que la amnistía haya alcanzado a todos sus potenciales beneficiarios, como que requiere poder argumentar que la estabilidad del Gobierno de Sánchez solo se consigue con concesiones sustanciales a sus sucesivas demandas. Por no citar el mensaje que considera que debe enviar a la franja de su electorado tentada por Aliança Catalana. Y por ello explica el acuerdo en términos (traspaso integral de competencias, capacidad exclusiva para proceder a expulsiones, posibilidad de exigir el catalán como requisito para mantener los papeles de residencia) que van más allá de lo pactado e incluso de lo posible. Dos de las expresiones más repetidas en el texto presentado en el Congreso son que se «delega la ejecución de la normativa del Estado» y que se seguirán los «criterios que establezca la Junta de Seguridad». Y eso es así para empezar porque no puede haber decisiones que afecten a la posibilidad de residir en una parte del Estado y no en otra, y aún más, en Europa. Con una política migratoria regida desde Europa y la política de fronteras establecida en el Tratado de Schengen, hay muchas cosas que pueden hacerse mejor, pero no de forma muy diferente.