Por una financiación justa

Los ayuntamientos, como la administración más cercana a los ciudadanos, somos los que desempeñamos el papel fundamental en la prestación de los servicios públicos esenciales a nuestros vecinos. Sin embargo, en los últimos años, las entidades locales estamos asumiendo competencias y gestionando servicios que legalmente correspondería asumir a otras administraciones supramunicipales. Es lo que denominamos competencias impropias, una serie de competencias que van más allá de aquellas que ya venimos prestando a diario a nuestros vecinos y vecinas, y que en la mayoría de los casos suponen no solo una gran carga burocrática, sino que implican un enorme esfuerzo económico para los municipios, lo que acaba generado una grave tensión financiera en las arcas municipales. Porque somos los ayuntamientos, como primera trinchera, los que intentando dar una respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos y demandas de servicios, seguimos asumiendo estas cargas económicas, desde la responsabilidad de saber que avanzar en la calidad de vida de los ciudadanos depende en gran medida de que las administraciones seamos capaces de dar respuesta ágil y efectiva a sus problemas, proporcionando cada vez más y mejores servicios públicos. 

Por ello, una de las mayores reivindicaciones del municipalismo pasa por la necesaria reforma de la financiación local. Una reforma capaz de dotar a los ayuntamientos de los recursos económicos necesarios para poder atender todas las demandas de los vecinos, sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de nuestras arcas municipales.

Y es que, desde que se aprobó la última reforma de la financiación local en el año 2002, han transcurrido más de veinte años en los que todavía no se ha dado respuesta a los problemas estructurales que quedaron sin resolver, como son ingresos insuficientes, la alta dependencia de transferencias estatales, la financiación de las competencias impropias, la escasa autonomía fiscal o la desigualdad territorial. Por ello, somos muchos los alcaldes y alcaldesas que, abordando el problema con rigor, venimos demandando la aprobación de un nuevo modelo de financiación local que combine más recursos, más autonomía y una mejor coordinación entre administraciones.

Es fundamental la creación de un nuevo marco de financiación que sea justo y contemple un fondo especial para cubrir esas competencias impropias que venimos asumiendo, y que debe tener en cuenta, además, la singularidad de los municipios turísticos para compensar el abanico de servicios extraordinarios que prestamos, especialmente en los meses de verano.  

Se trataría de dar, por fin, una respuesta efectiva, eficaz y eficiente a una demanda recurrente de servicios, que los municipios turísticos desplegamos y que van mucho más allá del que corresponde a la población residente habitual. Por ello, es preciso y urgente que el Gobierno impulse la reforma del actual sistema de financiación que permita a los ayuntamientos ejercer sus competencias y adecuar los servicios que prestamos a la ciudadanía. 

Pero ya se sabe, tenemos a un presidente débil que menosprecia a los concejales de pueblo, que no entiende ni comparte los problemas del municipalismo, porque para entenderlos debería de haber sido concejal o alcalde primero. Un presidente acorralado que, tristemente, vive a merced de los caprichos de sus socios de gobierno y rehén de quienes le mantienen en la Moncloa. Un presidente incapaz de hacer autocrítica, que va perdiendo toda credibilidad dentro y fuera de nuestras fronteras, salvo para los que le aplauden con la rabia de intentar creerse lo que nadie cree ya. 

Un Sánchez que se ve incapaz de presentar un proyecto de Presupuestos Generales para el País, lo que, siguiendo su propia doctrina, le debería imposibilitar para seguir en el cargo y al frente del Gobierno; debería disolver las Cortes y dar la voz a los ciudadanos, porque ni tiene una mayoría parlamentaria para presentar unos Presupuestos, como tampoco para comprometer la defensa y seguridad de los españoles ante Europa.

Pero, sobre todo, porque esos presupuestos que no llegan perjudican a nuestra ciudad, que sigue sin contar con las inversiones necesarias para avanzar, pues para Benicàssim deberían contemplar las pantallas acústicas en la AP7 a su paso por urbanizaciones; unos accesos seguros y dignos de entrada al municipio por la N340; el estudio de una salida directa de la autopista que favorecería la descongestión de la actual N340 o la reforma, más que necesaria, de las actuales instalaciones del cuartel de la Guardia Civil. 

Pero Pedro está más preocupado en cómo resolver los presuntos casos de corrupción que envuelven a miembros destacados de su Gobierno o su propio entorno familiar, que en aprobar unas cuentas necesarias para dar respuesta a los ciudadanos de este país.