Díaz Ayuso admite que ha metido la pata en el caso de su pareja, pero ¿en qué la mete?

En dos momentos de la entrevista que mantuvo el periodista Carlos Alsina con la presidenta de la Comunidad de Madrid, en Onda Cero el pasado jueves, día 28 de marzo, Isabel Díaz Ayuso califica su propia conducta respecto a los delitos fiscales que se imputa a su pareja, Alberto González Amador, haciendo referencia al presidente de Gobierno. 

“Te apuesto lo que quieras a que Sánchez no viene a contarte absolutamente nada de Begoña. Yo cometo el error de explicar que cuando [González Amador] hace la declaración de la renta (sic), como hacen tantísimos autónomos, no paga el impuesto, que está mal, y se lo dice a la inspectora, que tiene intención de pagar y que aun así, finalmente declara de más y este es el dinero que le devuelven. Esto es lo que yo comenté”, explicó.

La segunda vez insistió en que Sánchez “ha perdido los papeles conmigo. ¿Tengo que hundirme? ¿Qué tengo que hacer? Que sí, que yo meto la pata cuando decido que abiertamente contesto a los periodistas porque no hago como Sánchez, que (no) me paso por el arco de triunfo lo que me pregunta la prensa. Soy humana”.

Bien. ¿En qué metió la pata Isabel Díaz Ayuso? ¿En contestar a la prensa? ¿O banalizar dos delitos fiscales, una trama de facturas falsas, presentándolas como un retraso en el pago que se resuelve “habitualmente” con una multa?

Como bien le apuntó Alsina está muy bien que conteste a la prensa. Pero lo que ella contestó es una “distorsión de la realidad”, en palabras del periodista, es decir, en román paladino, vendió gato por liebre. 

Porque la denuncia contra su pareja, Alberto González Amador, administrador único de Maxwell Cremona, la empresa que obtuvo un beneficio de 2 millones de euros con su intermediación en la venta de mascarillas, es haber defraudado 350.961 euros en los ejercicios 2020 y 2021. Y al superar los 120.000 euros es delito fiscal. No es una infracción administrativa. Porque para consumar la defraudación ha utilizado facturas falsas de empresas que firmaron unos gastos que no se produjeron. 

“Banalizar el delito fiscal” diciendo que es una multa por retraso en el pago, en expresión de Alsina, es lo que ha hecho Díaz Ayudo desde el mismo 12 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía de Madrid le envió a Carlos Neira, abogado de González Amador, copia de la denuncia.

Y a pesar de ser tan claro, Díaz Ayuso insiste en el mismo argumentario. Problema: que las inspectoras de Hacienda ya han declarado ante la juez María Inmaculada Iglesias el pasado 21 de marzo y sobre la existencia de 15 facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros. Esas facturas son la prueba del dolo, del ánimo deliberado de engañar a Hacienda.

Y tan evidente resultó para Neira, abogado de González Amador, y que es un antiguo alto cargo de la Agencia Tributaria en Toledo, experto en pactos de conformidad con Hacienda, que inmediatamente propuso un acuerdo parta evitar el juicio oral en el cual el riesgo de una condena de 8 meses de cárcel (cuatro por cada uno de los delitos era real). Ese pacto consistía en pagar 520.000 euros, lo que incluía un 40% de multa e intereses. Y al no tener antecedentes penales, la pareja de Ayuso se ahorraría la prisión.

Alsina preguntó a Díaz Ayuso si en su próxima declaración, prevista para el 10 de abril, su pareja se declarará culpable. Ella contestó que no podía contar más, que habría que esperar e insistió que en el derecho de González Amador a defenderse en el juicio.

La estrategia de la defensa no da lugar a dudas. El tren del pacto de conformidad al que querían subirse Neira y González Amador ya ha pasado. Claro que Neira y González Amador dirán ahora donde dije digo Diego y la pareja de Ayuso en lugar de declararse culpable proclamará su inocencia. Y frente al informe de 187 páginas de las inspectoras de Hacienda ya ratificado presentarán un informe pericial de parte. 

Díaz Ayuso se ha ratificado en todo lo que ha dicho durante estos trece meses. Que su pareja pagó dinero de más, 600,000 euros, a Hacienda en el siguiente ejercicio y que se le devolvió el dinero, Alsina también fue claro: “No se puede pagar en un ejercicio posterior lo que se debió pagar en ejercicios anteriores. Pero Hacienda ya le ha explicado que esas cosas no se pueden hacer así”.

Pero ella se mantuvo: “Si se puede hacer así”, sin fundamentar lo que afirma y deslizarse en un ataque al gobierno. “En el momento que hace su declaración fiscal él no sabe que va a salir con una mujer política… De nosotros se iba a saber cómo son las obras de su casa, donde tiene que vivir, donde hace y deshace…”.

Díaz Ayuso acusó al gobierno de desprestigiar con todo esto, por motivos ideológicos, al grupo sanitario Quirón, y no ahorró elogios sobre su gestión de los cuatro hospitales públicos que tiene confiado dicho grupo.

Cometió, nuevamente, un error. La presidenta de la Comunidad de Madrid no puede por dos razones hablar de un contratista y adjudicatario del gobierno autonómico. La primera es obvia: otros grupos que trabajan en el mismo sector sanitario puede considerar una inclinación de la presidenta por dicho grupo en contra de los suyos. Y sobre todo: porque Maxwell Cremona, la empresa de la que es administrador único su pareja, hace negocios con el grupo Quirón. Y, también, porque precisamente, la pieza separada de la causa de delito fiscal, que la propia presidenta ha atacado, investiga las operaciones realizadas por González Amador con Quirón Prevención.

Que nadie haya avisado a Díaz Ayuso sobre este conflicto de interés a días de la declaración como imputado de su pareja, el 10 de abril, parece increíble.

Díaz Ayuso ha insistido en que hay que esperar que "pase todo" y tenga lugar el juicio y se demuestren los hechos. "Porque" le dijo a Alsina "das por hecho que miento".

Con todo, el hecho de que se esté investigando a Begoña Gómez no requiere, como pide Díaz Ayuso para González Amador, que tenga lugar el juicio. 

La presidenta da como hechos probados lo que se sostiene contra la esposa de Sánchez. 

Suscríbete para seguir leyendo