Reforma a medias farmacéutica

El anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios aprobado este martes por el Gobierno, pendiente aún de los trámites parlamentarios por vía de urgencia, representa la mayor renovación del sistema de prescripción de medicamentos desde la reforma del copago en 2012. Aunque en la versión que salió finalmente del Consejo de Ministros, menos ambiciosa de lo planeado. A la espera de lograr un acuerdo en el Congreso (y con los ministerios económicos), precisamente el ajuste del grado de copago por franjas de renta ha quedado fuera del texto. Esta revisión se planteaba en términos razonables: tenía previsto acentuar la progresividad, rebajando el porcentaje y el gasto máximo por mes para las rentas extremadamente bajas, aumentaba a cambio moderadamente la aportación de las rentas más altas y diferenciaba entre los jubilados con pensiones más reducidas y los que disponen de ingresos muy superiores a la pensión máxima.

En cambio, la propuesta que se pondrá a debate sí incluye numerosas medidas que agilizan la prescripción y la dispensación de medicamentos, evitando gestiones repetidas para el paciente, aligerando de intervenciones rutinarias a los médicos y reconociendo el papel de la enfermería . El anteproyecto también establece un sistema de fijación del coste de los medicamentos financiados por la sanidad pública, y particularmente los genéricos, que se aspira a que tenga como consecuencia un ahorro del gasto farmacéutico y una disminución de los casos de desabastecimiento de determinados fármacos. Como en tantas otras normas en las que se introducen regulaciones al funcionamiento del mercado, es difícil pronosticar hasta qué punto las intenciones acabarán reflejándose en resultados en los términos esperados.

El complejo sistema de establecimiento de «precios seleccionados» de los genéricos, por ejemplo, según la ministra de Sanidad, Mónica García, debería crear «una sana competencia que garantice precios más asequibles para los usuarios y el sistema de salud», con un ahorro de hasta 1.300 millones de euros, por la vía de favorecer el uso de los genéricos de precio más bajo, pero, al mismo tiempo, financiar parcialmente los que superen este precio.

Las empresas farmacéuticas, en cambio, consideran que este sistema «generará una tendencia automática a minimizar precios de medicamentos fuera de patente» que podría poner en cuestión la viabilidad de líneas de producción de medicamentos en España para pasar a depender de la producción exterior, amenazando la estrategia pactada con el Gobierno para garantizar la autonomía de suministro necesaria ante crisis sanitarias o del sistema de comercio internacional.

Más difícil es cuestionar, a pesar de los recelos de la profesión médica, las medidas que evitan gestiones redundantes, retrasos innecesarios y sobrecarga de trabajo evitable, como la prescripción de medicamentos para enfermedades episódicas (como migrañas) sin necesitar de conseguir una nueva receta médica, o la autorización para que enfermeras y fisioterapeutas decidan la utilización de antibióticos cuando pasa a ser necesario en la evolución de prácticas que ya forman parte de sus funciones, como las curas de heridas. No solo se trata de reconocer su competencia: el nivel de colapso de la atención primaria hace que este tipo de atajos sean necesarios para facilitar un servicio más racional y cercano al paciente.