Consejos vendo, para mí no tengo

En Burriana, como en el resto de España, resulta familiar el complejo de superioridad moral que ciertos partidos de izquierda ostentan. Recientemente, presenciamos en un pleno un intento burdo del PSPV por dictaminar cómo debíamos gestionar los fondos públicos en nuestro consistorio.

Resulta irónico que aquellos que han sido señalados por su gestión deficiente por entidades como la Sindicatura de Comptes, la Agencia Valenciana Antifraude, el Tribunal de Cuentas, la contundente sentencia TSJCV en relación con Sant Gregori, e incluso los tribunales, pretendan aleccionar a un nuevo equipo de gobierno que trabaja arduamente por transformar Burriana.

Como bien recoge el refranero, consejos vendo que para mí no tengo. Esta situación se refleja a nivel nacional con el gobierno de Sánchez. Mientras son incapaces de aprobar unos PGE, como ha ocurrido en 2023 y 2024, que podrían impulsar nuevas inversiones en nuestra ciudad, se penaliza a todos los valencianos, que sí tenemos presupuestos y a los gobiernos municipales que sí cumplimos con nuestras obligaciones.

La decisión de la ministra Montero de vetar el uso del superávit de las administraciones locales mientras sigan prorrogados los PGE, constituye una imposición severa del gobierno central que perjudica a Burriana. Con 11 millones de euros en remanentes, nuestra ciudad se ve privada de utilizar sus recursos propios para mejorar servicios y el bienestar de todos los vecinos.

Esta medida arbitraria, injusta y profundamente dañina para los intereses de quienes practicamos una gestión responsable, secuestra recursos que pertenecen a los ciudadanos de Burriana y no podrán destinarse a mejorar calles, centros sociales, edificios públicos o servicios esenciales.

Desde los ayuntamientos, no podemos permitir que el superávit fruto de una gestión sensata y responsable quede retenido por el PSOE y sus socios, mientras ellos son incapaces de cumplir con la Constitución Española, que establece la obligación del Gobierno de presentar los presupuestos antes del 1 de octubre del año anterior.

Todos los ayuntamientos, independientemente de su color, que hemos trabajado con rigor y responsabilidad para transformar recursos públicos en bienestar para nuestros vecinos, nos vemos atados de manos para utilizar estos importantes ahorros. Paralelamente, Sánchez dispara los gastos, la deuda pública, las concesiones a independentistas, los ministerios y las estructuras políticas destinadas a mantener la estabilidad parlamentaria, mientras pretende obligarnos a mantener millones de euros inmovilizados en un cajón.