El peaje de la desinversión

La red viaria de Castellón ha experimentado en los últimos años una transformación significativa que ha venido acompañada por un cambio fundamental: la liberalización de la AP-7. Desde que en 2020 esta autopista dejó de ser de pago, el tráfico en la provincia ha cambiado de forma sustancial. Lo confirman los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: en 2024, la AP-7 registró su mayor volumen de vehículos en toda su historia. Más de 43.000 cada día, con un incremento destacable de los camiones (cerca de 12.000 diarios) que antes optaban por la CV-10 (A-7). El trasvase de tráfico es más que evidente. Mientras la AP-7 bate récords, la CV-10 registra mínimos no vistos en décadas. Esta redistribución no es casual ni anecdótica: responde directamente a decisiones del ámbito de la Administración. Cuando se eliminan barreras económicas como el peaje, el tráfico migra hacia las infraestructuras más rápidas y cómodas. Pero ese fenómeno, si no se acompaña de una planificación adecuada, genera nuevos desequilibrios: congestión creciente en la autopista, infrautilización de la autovía, y una red viaria descompensada.

Este cambio de patrones de circulación debería haber ido acompañado de medidas de mejora y ampliación de infraestructuras, pero lamentablemente no ha sido así. Como advierten desde el sector del transporte por carretera, el incremento de vehículos en la AP-7 requiere una redistribución inteligente del tráfico para mejorar no solo la fluidez, sino también la seguridad. La prolongación pendiente de la CV-10 hasta l’Hospitalet de l’Infant es una demanda técnica y territorial ampliamente respaldada, que lleva años en espera sin avances concretos.

Inversiones

Más allá de la coyuntura del tráfico, el problema tiene a ser estructural. La provincia de Castellón arrastra una larga historia de déficit en inversiones públicas. Su ubicación estratégica en el arco mediterráneo no ha sido suficiente para compensar décadas de decisiones que la han relegado a un papel secundario en la planificación estatal. Sin conexiones rápidas con el interior (por ejemplo, hacia Zaragoza) sin una conexión directa entre la CS-22 y la CV-10, y con un sistema ferroviario también infrautilizado o desactualizado, la provincia pierde competitividad logística y capacidad de atracción económica.

El transporte de mercancías por carretera, vital para el tejido productivo castellonense, se ve condicionado por esta situación. La congestión creciente en la AP-7 ya no es solo una cuestión de comodidad para los conductores: empieza a afectar al rendimiento económico y a los niveles de seguridad vial. Ignorar este escenario solo agravará los problemas. De ahí que sea no baste con gestionar el presente, hay que planificar el futuro. Y eso implica priorizar inversiones que refuercen la movilidad y la conectividad del territorio.

Castellón necesita infraestructuras que respondan a su papel dentro del corredor mediterráneo, pero también a su necesidad de conexión transversal con el interior. No puede seguir siendo un punto de paso con recursos infrautilizados. La gratuidad de la AP-7 ha sido positiva para conductores y empresas, pero ha puesto en evidencia los límites de una red que no se ha actualizado al ritmo que exige la realidad. Es momento de corregir el rumbo. No hacerlo significará seguir pagando un peaje invisible: el de la falta de planificación, la congestión creciente y la pérdida de oportunidades económicas.