La opa, en la encrucijada

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) no le ha dejado fácil el camino al Gobierno de Pedro Sánchez si tiene la voluntad política de oponerse a la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell. La unanimidad del pleno, a la espera de leer la letra pequeña del dictamen, indica que desde sensibilidades ideológicas distintas no se han encontrado razones técnicas para impedir la operación de acuerdo con la legislación sobre competencia. Que el Ministerio de Economía elevase al Consejo de Ministros un endurecimiento de las condiciones al comprador en ese ámbito sería un hecho inédito (solo ocurrió en la fusión de Antena 3 y la Sexta y fue para suavizarlas). Sería, además, un mensaje negativo a los inversores internacionales en España. Al ministro Carlos Cuerpo le queda la apelación a la defensa del interés general que utilizan a menudo otros gobiernos europeos en operaciones de este calado que no solo pueden alterar la competencia sino el paisaje territorial e institucional. Aquí, nuevamente, el precedente de CaixaBank y Bankia juega a favor de la propuesta de BBVA. No es fácil defender que aquella operación no lesionaba los intereses generales y esta sí. Quizás el único elemento es que Bankia era un banco sistémico en riesgo de quiebra y este no es el caso del Sabadell, todo lo contrario.

Las preocupaciones expresadas hasta el momento son de naturaleza muy diversa a pesar de que se presenten con una estética unitaria. Las más respetables son las de los clientes, especialmente las empresas, y cuanto más pequeñas, más justificadas están sus reticencias. A medio plazo, el crédito que obtienen a base de que los bancos se repartan el riesgo puede decrecer. Y en este punto tanto a BBVA como a la CNMC, como ha denunciado Pimec, les ha faltado sensibilidad desde el primer momento, porque aquí los distritos postales cuentan poco.

Si el Gobierno decidiese actuar, este sería el único pilar solido al que BBVA debería pensar cómo responder. Los compromisos se han incrementado, pero el mismo BBVA debe ser consciente de que esas reticencias tienen base. El resto de los opositores a la operación tienen naturaleza muy diversa. Es lógico que el Gobierno de Salvador Illa no quiera que este territorio pierda el poder financiero que le queda, aunque si esta opa acaba prosperando será más bien por lo que hicieron cuando estaban gobernando algunos de los que ahora más vociferan desde la oposición. Y en cuanto a la ministra de Trabajo y a los sindicatos, cuesta de creer que tengan esa sensibilidad hacia las pimes cuando ignoran, por ejemplo, las consecuencias que tiene para este tipo de empresas la reducción de la jornada laboral que promueven. Su oposición tiene más de ideológico que de económico. Lo mismo le ocurre a otras organizaciones empresariales que aplican su baremo en función de los sectores.

Plazos

En todo caso, el Gobierno no debería alargar ahora los plazos. El análisis de la competencia está hecho y el del interés general no necesita de sesudos estudios. Dilatar este proceso no es bueno, llegados a este punto, para ninguna de las partes, tampoco para el propio Gobierno inmerso en la crisis eléctrica. Y debe actuar defendiendo el interés general, que no es la mera ponderación de los particulares en juego, ni mucho menos el del propio Gobierno.