Ayuso decide qué es la verdad

El novio de Isabel Díaz Ayuso se declara autor por escrito de dos delitos ante la fiscalía, y solicita un pacto. A continuación, el ministerio público le responde que adelante con el acuerdo bajo esos supuestos. Este sencillo intercambio ha desatado una acción penal en el Supremo contra el fiscal general del Estado, enviado al banquillo. En el folio número 49 está la contradicción insalvable del juez. Ángel Hurtado interpreta que hay delito en la difusión de los correos, porque aunque la pareja y querellante «hubiera dado autorización para hacer público» el segundo, el primero «se filtró sin su autorización».

Es decir, la opinión pública en cuanto destinataria de la difusión tiene derecho a conocer la parcial respuesta de la fiscalía que la convierte en inspiradora del pacto, pero no la propuesta inicial que demuestra que el novio de la presidenta de Madrid solicitó el acuerdo con autoacusaciones radicales. Si esto se sostiene ya no legalmente, sino racionalmente, sobra la prosa jurídica y basta con administrar los castigos. Dada su implicación personal, Ayuso decide qué es la verdad, según el Supremo.

Verdad parcial

Ofrecer solo la respuesta al espectador consiste en engañarlo con una verdad parcial. La imposibilidad de corregir este error, decretada por el juez porque solo puede conocerse lo que Ayuso quiera que se sepa, encaja con dificultad en una sociedad abierta. Publicar la consecuencia y negar el derecho a la causa convierte a la consecuencia en causa, en beneficio inmediato de la falsa inocencia pregonada por Ayuso, y que ahora el Supremo pretende irrebatible. En cuanto los personajes públicos entran en ventear el intercambio, no pueden imponer una transmisión amputada. Controlar penalmente la propia imagen es un atributo de los dictadores.