Urge atajar la corrupción

Una semana después de que la Comisión Europea advirtiera a España de la existencia de un repunte de la corrupción, o al menos de su percepción, y pidiera que se aceleren los trámites vinculados con su esclarecimiento, un juez de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda por el Partido Popular Cristóbal Montoro por la comisión de siete delitos relacionados, supuestamente, con el amaño de leyes para favorecer a empresas gasistas. El juez, Rubén Ruz, también ha llamado a declarar a 13 personas que ocuparon altos cargos en el ministerio de Hacienda durante los dos mandatos (uno con Aznar y otro con Rajoy) en los que Montoro fue ministro. Aunque, por el momento, no estamos ante casos tan clamorosos como los protagonizados últimamente por altos cargos del PSOE, la imputación de Montoro vuelve a poner a España en la diana de la Comisión Europea en uno de los temas que más preocupan en Bruselas. En consecuencia, es lógico preguntarse por el origen de un mal como este, en el que se ven implicados los dos partidos con mayor capacidad para gestionar la vida pública.

En el caso Montoro, el juez deberá dilucidar entre lo que podría ser una actividad de lobi legal, destinada a influir legítimamente en la configuración de las leyes, y una actuación delictiva derivada del hecho que el despacho que intervino en el amaño de leyes, Equipo Económico, hubiese sido fundado por el propio Montoro y utilizase medios ilícitos para alcanzar sus fines. En caso de que el juez disponga de pruebas (acumuladas a lo largo de 13 años) que prueben el pago de dinero a altos cargos para conseguir los cambios legislativos, estaríamos ante una situación de especial gravedad, teniendo en cuenta el número de personas y empresas involucradas en la investigación.

'E-mail'

La existencia de un correo electrónico con la expresión Como siempre, la vía directa es pagar podría indicar que, efectivamente, no estamos solo ante una actividad de lobi con colusión de intereses, sino ante un delito tipificado. En un país como el nuestro, donde suelen filtrarse, total o parcialmente, muchas investigaciones judiciales, resulta relevante que se haya sabido poco sobre la tarea desarrollada por el juez Ruz, hasta hacerse público el auto de procesamiento. Aunque ello choca con la exigencia de agilidad reclamada por Bruselas, también parece indicar la voluntad del magistrado de obrar con especial tiento y discreción.

Con el necesario respeto, como siempre, por la presunción de inocencia, conviene que los afectados colaboren con la justicia y que esta actúe con diligencia para aclarar hechos que vuelven a manchar el prestigio de España y de sus instituciones. La dimisión de Montero como militante del PP debería contribuir a que los responsables políticos implicados en los gobiernos de los años 2000-2004, 2011-2018, durante los cuales Montoro fue ministro de Hacienda, colaboren con la investigación. Lo ocurrido últimamente con los casos Cerdán, Ábalos y Koldo, y ahora, esta imputación de Cristóbal Montoro y algunos de sus colaboradores en Hacienda, plantea la necesidad de una respuesta conjunta de las principales fuerzas políticas para atajar la corrupción. No se puede afrontar más desde la lógica del y tú más, que solo beneficiaría a la extrema derecha, algo que constituye un problema estructural de la democracia española.

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