Un Nou d’Octubre cívico

El Nou d’Octubre es, por definición, una jornada de civismo, cohesión y afirmación del autogobierno de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, este año adquiere un matiz especial, al coincidir con el primer aniversario de la dana del 29 de octubre, una tragedia que segó la vida de 229 personas, dejó miles de damnificados y puso a prueba la resiliencia colectiva. A ello se sumó la batalla de relatos partidistas entre el Consell y el Gobierno central, que todavía se mantiene en la previa de la procesión cívica que, cada año, recorre el centro del Cap i Casal para conmemorar la entrada del rey Jaume I en la ciudad y la fundación del Reino de València. Una controversia innecesaria que amenaza con teñir de confrontación lo que debería ser un acto de respeto institucional y de celebración compartida.

Las manifestaciones de la ministra Diana Morant, dirigente del PSPV, calificando de «provocación» la asistencia del president Carlos Mazón a la procesión cívica organizada por el Ayuntamiento de València -tradicionalmente con la presencia del jefe del Consell-, suponen un golpe a la normalidad institucional. Es legítimo criticar la gestión del Ejecutivo autonómico, reclamar responsabilidades por lo ocurrido durante la prevención y la emergencia de la dana, o exigir explicaciones sobre el papel de Mazón en aquellas horas dramáticas. Pero no lo es convertir su participación en un pretexto para encender disputas y alimentar divisiones. Lo que plantea Morant, en contra de la tradición de su propio partido, es una pugna simbólica que puede transformar también el Nou d’Octubre en un escenario de tensión política.

El argumento de que alguien «no merece seguir como president» y, en consecuencia, no debería aparecer públicamente en un acto con valor institucional, cuestiona la propia concepción de autoridad pública. Que esta postura provenga de una ministra del Gobierno de España y de una dirigente de un partido que ha gobernado dos décadas la Generalitat supone un alejamiento del principio de institucionalidad, garantía básica del sistema democrático. Si aceptáramos que un cargo electo puede ser apartado de la vida oficial por motivos de controversia política o social, abriríamos una vía peligrosa hacia la politización de lo ceremonial. La oposición tiene todo el derecho a fiscalizar al Consell y a su presidente, pero no a deslegitimar su presencia en el ámbito institucional.

Compromiso real con la convivencia

Este Nou d’Octubre requiere algo más que banderas y discursos. Precisa un compromiso real con la convivencia. Esa convicción debe manifestarse en todos los actores, desde el gobierno a la oposición, pasando por el resto de instituciones y la ciudadanía. El Consell, al igual que el PSPV-PSOE en tanto partido de Estado, tienen la obligación de no fomentar la crispación y de contribuir a rebajar el clima de polarización. A su vez, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, bajo la responsabilidad de otra dirigente socialista, deberá garantizar dispositivos de seguridad que aseguren la integridad de todos los asistentes.

Un Nou d’Octubre verdaderamente cívico debe reunir condiciones innegociables. En primer lugar, un simbolismo común, alejado de intereses partidistas, donde los actos institucionales representan al conjunto de los valencianos, porque la festividad pertenece a todos. Ha de preservarse el respeto a las instituciones, pues son fruto de la voluntad democrática expresada en las urnas. Asimismo, en una celebración como esta caben los aplausos y también la crítica, pero no la provocación ostentosa, los insultos ni el acoso. Especialmente este año, las consecuencias de la dana deben ser motivo de memoria y aprendizaje, nunca de vetos simbólicos.

El Nou d’Octubre reclama que toda la sociedad participe con responsabilidad cívica, incluso desde el desacuerdo. El Dia de la Comunitat Valenciana necesita ser un cauce de respeto, unión y memoria compartida.