Un IBI siempre controvertido

Pocas obligaciones fiscales generan tanto malestar como el Impuesto de Bienes Inmuebles, lo que todos conocemos como el IBI. Pero esto no puede sorprender a nadie, ya que se trata de un tributo que no depende de la renta ni de la situación económica personal, sino de la mera posesión de un inmueble. Cada recibo llega como un recordatorio de que tener una vivienda, un local o un garaje implica contribuir de manera ineludible al sostenimiento de la hacienda local, aunque para muchos ciudadanos el esfuerzo resulte desproporcionado respecto a sus ingresos reales. El debate siempre acompaña a cada llegada de los recibos.

La evolución de este impuesto en la provincia de Castellón, tal como se expone hoy en estas mismas páginas, ha sido imparable. En menos de dos décadas la recaudación se ha duplicado con creces y ha alcanzado cifras nunca vistas, lo que refleja tanto la ampliación del parque inmobiliario como las sucesivas regularizaciones llevadas a cabo por el catastro. El discurso habitual de nuestros alcaldes, que hablan de rebajar el coeficiente para aliviar a los contribuyentes, se convierte en un juego de espejos: aunque el porcentaje aplicado sea menor, el número de recibos aumenta y los valores catastrales tienden al alza, de modo que la recaudación final no deja de crecer. Tan sencillo como eso.

El problema de fondo es que los ayuntamientos dependen de este impuesto como uno de sus únicos flotadores salvavidas. El proceso de descentralización de servicios iniciado con la democracia quedó paralizado y no alcanzó al último eslabón de la Administración. Hoy, los ayuntamientos han asumido un enorme paquete de responsabilidades y servicios que no han venido acompañados por una financiación justa. Así que sin el IBI, los municipios carecerían de recursos para mantener los servicios más básicos. Este grado de dependencia explica la resistencia a replantear el modelo, aunque también evidencia esa debilidad estructural de la financiación local en España, un debate que se arrastra desde hace décadas sin que nadie haya querido abordarlo con seriedad.

El reparto de la carga tampoco ayuda a mejorar la percepción ciudadana. La inmensa mayoría de lo recaudado proviene de viviendas y locales urbanos, mientras que lo que aportan fincas rústicas o bienes de características especiales resulta marginal. Ello implica que son los hogares y pequeños negocios los que soportan casi en exclusiva el peso de este tributo, lo que alimenta la sensación de injusticia y contribuye a desgastar la confianza en las instituciones locales.

En ciudades y pueblos de Castellón se anuncia con frecuencia una reducción de tipos, presentada como gesto de sensibilidad hacia la ciudadanía, pero esas rebajas a veces suelen ir acompañadas de incrementos en otras tasas municipales, de manera que el efecto real sobre el bolsillo del contribuyente es prácticamente nulo. Esa política de gestos revela una contradicción de fondo: nadie quiere cargar con el coste político de reconocer que el IBI seguirá creciendo mientras no se cambie el sistema de financiación municipal.

Mientras no exista una reforma profunda que equilibre la carga y reparta mejor el esfuerzo fiscal, cada ejercicio repetirá la misma historia: vecinos periódicamente soliviantados por un recibo creciente y ayuntamientos que se justifican con la necesidad de dar a esta ciudadanía unos servicios básicos que son irrenunciables.