Empleo público en Castellón al alza

El crecimiento del empleo público en Castellón refleja una transformación profunda del tejido administrativo de la provincia. Lo que hace una década parecía un sector estable, incluso rígido, se ha convertido en un motor de ocupación que alcanza ya su récord histórico.

Más de 33.000 personas trabajan hoy en las distintas administraciones, desde los ayuntamientos hasta los centros de salud, pasando por colegios, juzgados o servicios de mantenimiento. Cada una de ellas desempeña una función esencial en el día a día de la ciudadanía, y su presencia da forma al entramado institucional que sostiene la vida colectiva.

El aumento de casi un 40% en diez años sitúa a Castellón entre las provincias españolas donde más se ha expandido el sector público. La cifra impresiona y tiene lecturas que van más allá del simple dato estadístico. Por un lado, evidencia la apuesta por reforzar los servicios esenciales y responder a las necesidades de una población que exige calidad, rapidez y cercanía en la atención. Por otro, plantea la cuestión de si este crecimiento es resultado de una planificación estratégica o de la respuesta improvisada a las urgencias de cada momento.

La Generalitat concentra el mayor crecimiento

La Administración autonómica es, sin duda, la gran protagonista de esta evolución. Dos de cada tres empleados públicos dependen de la Generalitat Valenciana, lo que explica la magnitud del aumento. En ámbitos como la sanidad o la educación, el refuerzo de personal ha sido constante y necesario.

Sin embargo, esa concentración de recursos también invita a una reflexión sobre la distribución de competencias y sobre la sostenibilidad financiera de un aparato administrativo que no deja de crecer. Ocho de cada diez nuevas incorporaciones en la última década se han producido en el ámbito autonómico, un dato que refleja la magnitud del esfuerzo y, al mismo tiempo, la carga que ello representa para las cuentas públicas.

El papel de los ayuntamientos y el Estado

Mientras tanto, las administraciones locales han experimentado un crecimiento más moderado. Los ayuntamientos y la Diputación suman ahora más de 8.600 empleados, un 19% más que hace diez años. Este incremento, aunque notable, no guarda proporción con la expansión autonómica.

El Gobierno central mantiene una presencia limitada en la provincia, con menos de 3.000 trabajadores y un crecimiento apenas perceptible. La estructura administrativa castellonense se configura así como un sistema fuertemente dependiente del poder autonómico, con un papel secundario del Estado y un municipalismo que trata de mantenerse operativo con recursos ajustados.

El reto de la eficiencia y el equilibrio económico

Más allá de los números, el debate de fondo gira en torno a la eficiencia. No se trata solo de cuántos empleados públicos tiene una provincia, sino de cómo se organiza.

Para que una administración pública sea verdaderamente eficiente necesita apoyarse en una economía productiva sólida. Solo un tejido empresarial fuerte, innovador y competitivo puede generar los recursos que permiten sostener los servicios públicos de calidad.

El equilibrio entre lo público y lo privado resulta, por tanto, esencial. Si uno de los dos pilares se debilita, el conjunto se resiente. Un exceso de peso del sector público sin un motor económico que lo respalde conduce al estancamiento, mientras que un tejido privado pujante sin instituciones sólidas genera desigualdad y desprotección.

La clave siempre está en la armonía entre ambos ámbitos, porque de esa relación depende la prosperidad real del territorio.