El frenazo con los autónomos

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha tenido que dar un paso atrás en la propuesta de incremento de las cuotas de los autónomos que su departamento hizo llegar la semana pasada a la mesa de negociación con los agentes sociales. La propuesta inicial desagradó a la asociación de autónomos próxima a la CEOE, que la calificó de «sablazo», a las vinculadas a UGT y CCOO, que criticaron que la subida afectase proporcionalmente menos a los ingresos bajos a los altos, y molestó profundamente a la Moncloa, que no se podía permitir, y al parecer no se esperaba, desatar un incendio en estos momentos. Así, la responsable de la Seguridad Social se ha visto desautorizada al tener que convertir su propuesta inicial, aumentar la cuota obligatoria de cotización de los autónomos entre los 11 y los 206 euros al mes en 2026, en una congelación para los trabajadores por cuenta propia que tienen ingresos netos inferiores al Salario Medio Interprofesional (SMI) y aumentos de las cuotas de entre 3 y 15 euros para el resto.

En 2022, Gobierno, oposición y sindicatos aprobaron una hoja de ruta hasta 2032 por la cual los autónomos verían equiparada progresivamente su cotización y sus prestaciones pero se fijaron solo las cantidades en que se incrementarían durante los primeros tres años, incluyendo un descenso (que progresivamente pasó de los 294 a los 200 euros) para la franja con ingresos mínimos. En estos momentos estaba sobre la mesa la negociación de cómo proseguía ese proceso en el siguiente trienio. Pero la ministra no podía confiar en que el acuerdo sellado hace tres años implicase una renovación de sus condiciones sin una negociación que pusiera de nuevo en consonancia los distintos intereses encontrados. Y menos si la propuesta que puso sobre la mesa modificaba sustancialmente el reparto de cargas que se había acordado para la primera fase de este proceso de reforma y dependía, además del diálogo social, de unos apoyos parlamentarios en absoluto garantizados.

La reforma progresiva de las condiciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos iniciada en 2022 preveía ajustar de forma más proporcionada su contribución a los ingresos netos y acercar tanto prestaciones (por cese de actividad o desempleo, jubilación...) como cotizaciones a las que pagan las empresas y sus asalariados y las que reciben estos (superiores en ambos casos a las de los autónomos). Uno y otro factor van irremediablemente vinculados. Una solución de mínimos y por un año como la planteada ahora por el ministerio para calmar las aguas implica, necesariamente, aplazar también las mejoras de las prestaciones, sobre las que Saiz no se ha pronunciado, en un error, cuanto menos, de comunicación, que complicó aún más la aceptación de su propuesta inicial.

Sobre la reforma de las cotizaciones y prestaciones sociales pesa la sospecha de la Administración sobre la relación entre ingresos reales y declarados. Cualquier cambio pasa por restablecer un principio de confianza entre la Administración y un colectivo que en muchos casos debe enfrentarse a condiciones de inestabilidad angustiante sobre sus perspectivas de ingresos mientras sus obligaciones fiscales no admiten aplazamiento. Para que el Gobierno se las reclame debe ser también ejemplar en sus compromisos. Y no lo es, por ejemplo, al incumplir desde hace casi un año la directiva de la UE que exime a los autónomos con ingresos más bajos de la obligación de cobrar y declarar el IVA.

Pero la dificultad de reemprender las reformas en este campo no se limita a sus complicaciones particulares. En una legislatura con apoyos parlamentarios cada vez más volátiles y con un permanente clima preelectoral se hace inviable emprender ninguna reforma de calado. Algo que no es sostenible indefinidamente.