Por la estabilidad energética

El 1 de noviembre vence el plazo para que Iberdrola, Endesa y Naturgy presenten al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación necesaria para ampliar la vida de la central cacereña de Almaraz, el cierre de cuyos dos reactores está programado para 2027 y 2028. A diez días del cierre administrativo, las eléctricas han intensificado su ofensiva para solicitar una prórroga que hasta hace pocos meses defendían con discreción, impulsadas por un cambio de escenario después de que el gran apagón del pasado mes de abril haya devuelto e incrementado el debate nuclear al centro de la agenda energética.

La red eléctrica española continúa mostrando vulnerabilidades, con una capacidad de almacenamiento limitada y una excesiva dependencia del gas como respaldo. Tras el apagón, cuyas causas todavía no se han esclarecido, Red Eléctrica ha advertido sobre graves alteraciones de tensión y la urgencia de medidas para reforzar la estabilidad del suministro. En este contexto, mantener Almaraz operativa hasta 2030 no es una decisión gratuita sino responsable, ya que su aportación, que cubre cerca del 7% del consumo nacional y genera electricidad libre de emisiones, la convierte en un elemento clave para la seguridad energética y el interés nacional.

Iberdrola, Endesa y Naturgy han rebajado sus condiciones y han aceptado aplazar la vieja batalla fiscal. Ya no condicionan la solicitud de prórroga a una rebaja inmediata de impuestos, aunque mantienen el objetivo de revisar a medio plazo la carga tributaria del sector. Por ahora, se conforman con la reducción progresiva de la tasa regional (más de 80 millones anuales) prometida por el Gobierno extremeño. No es un gesto altruista pero sí abre la puerta a una negociación que parecía bloqueada. En cambio, el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene firmes sus tres líneas rojas: seguridad, garantía de suministro y cero impacto en el recibo de consumidores o en el bolsillo de los contribuyentes. Unas condiciones que no deben usarse como excusa para eludir el debate de si España está dispuesta a asumir los costes de prescindir de su parque nuclear antes de que las renovables garanticen un suministro estable y competitivo.

El Gobierno lo sabe y aunque su desconfianza hacia las eléctricas persiste, debe afrontar la disyuntiva y aceptar que el calendario de desconexión acordado en 2009 corresponde a un sistema que ya no existe. Entonces, las renovables eran una promesa y hoy son clave, aunque todavía insuficientes sin un respaldo estable. Por ello, una prórroga nuclear en condiciones, con garantías de seguridad, un marco fiscal razonable y un calendario realista, no sería rendirse al pasado, sino apostar por la estabilidad mientras se consolida el futuro y se evita otro apagón. España necesita certezas. No gestos ni excesos ideológicos, sino un Gobierno que entienda que la transición energética no se decreta sino se construye. Almaraz y quizá también otras centrales nucleares deben continuar siendo, por ahora, el escudo que proteja al país de tropiezos en el camino de la electrificación de nuestro consumo energético, y eso es algo que la ciudadanía respalda ampliamente, consciente de la necesidad de garantizar un suministro estable y seguro mientras las renovables se consolidan.