Financiación del sistema universitario

La firma del acuerdo de financiación plurianual 2026-2029 entre la Generalitat Valenciana y las cinco universidades públicas de la Comunitat culmina un proceso de negociación prolongado en el tiempo y ampliamente demandado por los campus. El acuerdo mantiene y asegura el nivel de financiación estructural que recibimos desde 2023 y, por tanto, aporta estabilidad. Por otro lado, representa un marco de entendimiento institucional que debe ser la base para seguir fortaleciendo la senda financiera que las universidades necesitamos para ser un espacio de oportunidades y prestar el servicio público de educación e investigación que la sociedad merece.

Este acuerdo contempla una dotación global de 1.034,5 millones de euros en transferencias corrientes, la base mínima necesaria para el funcionamiento de los campus valencianos. Las rectoras y rectores no nos cansamos de señalar que una financiación suficiente, previsible y sostenida en el tiempo es imprescindible para promover una universidad autónoma, vertebradora, al servicio de la sociedad y comprometida con el territorio.

No podemos construirnos desde la incertidumbre. La inestabilidad en la asignación de recursos (o la insuficiencia de los mismos) compromete no solo nuestro funcionamiento diario como universidad (de la oferta de estudios a la contratación de personal y el mantenimiento de infraestructuras), sino también nuestra capacidad transformadora a medio y largo plazo. Trabajamos con horizontes temporales amplios: formar a nuevas generaciones, impulsar la investigación y la innovación, y generar impacto económico y social requiere una base firme.

En este sentido, el convenio supone un paso adelante para abordar los retos actuales del sistema universitario valenciano y para avanzar en el cumplimiento de esos objetivos que nos mueven, como instituciones académicas de educación superior y de investigación.

El acuerdo se articula en tres ejes para responder a las necesidades estructurales, singulares y estratégicas del ecosistema universitario público valenciano.

En primer lugar, la financiación estructural, que representa el grueso del presupuesto y nos permite afrontar la inversión necesaria para funcionar. Mantener esta financiación estable no sólo es una buena noticia para las universidades, sino para toda la ciudadanía, la principal beneficiaria de un servicio público sólido y de calidad.

El segundo vértice del acuerdo busca atender las especificidades de cada universidad. En el caso de la Jaume I, significa reconocer el papel de una universidad joven, con la cercanía que propicia entre la comunidad universitaria su tamaño medio, y reforzar su compromiso como agente de cohesión social y desarrollo territorial desde los valores de inclusión, sostenibilidad e innovación.

El tercer pilar apela a la financiación por objetivos, alineada con prioridades estratégicas compartidas entre Generalitat y universidades y que van desde la mejora de la calidad docente al fomento de la investigación de excelencia, la digitalización, la sostenibilidad ambiental, la empleabilidad del estudiantado o la internacionalización. Esta orientación por resultados es coherente con una universidad que debe rendir cuentas a la sociedad, pero también requiere criterios de medición justos y recursos suficientes para alcanzarlos.

Para la Universitat Jaume I, el acuerdo prevé una dotación superior a los 105 millones de euros. Una cifra que permite atender nuestras necesidades docentes, investigadoras y de gestión, así como articular nuevos mecanismos para seguir contribuyendo al progreso socioeconómico y cultural de Castelló y su provincia.

Premisa

Disponer de un marco estable de financiación es una premisa para ejercer con autonomía nuestro papel de servicio público a través de la educación superior y la investigación de calidad, con impacto social y proyección internacional. Por ello, entendemos que este acuerdo abre una nueva etapa para el sistema universitario público valenciano, desde la tranquilidad y la capacidad de gestión que favorece la provisión ordenada de recursos para los campus autonómicos. Pero también defendemos que este convenio debe ser un punto de partida, no de llegada.

El verdadero reto es avanzar hacia una financiación equitativa que tenga en cuenta las singularidades de cada institución y corrija desequilibrios aún vigentes como los indicadores de financiación por estudiante. La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) destaca en uno de sus últimos informes que la aportación por alumno en la Comunitat Valenciana sigue por debajo de autonomías como La Rioja, País Vasco, Cantabria o Navarra. Un dato que pone el foco en la necesidad de que el sistema de financiación avance en parámetros de equidad, para que ese punto de partida no condicione el desarrollo y potencial de cada universidad.

Necesidades

Esperamos que el acuerdo también abra la puerta a identificar nuevas necesidades e incorporar mejoras que acompañen la evolución de nuestro sistema universitario. Un sistema plural y flexible que, precisamente por ello, demanda cooperación, diálogo y trabajo colectivo entre instituciones. Desde la Jaume I, seguiremos trabajando, desde esa responsabilidad compartida y planteando propuestas de mejora progresiva. Lo haremos desde el convencimiento que apostar por una universidad pública bien financiada es asegurar el futuro de las generaciones que vienen, el desarrollo del territorio en el que vivimos y favorecer una sociedad más cohesionada, innovadora y preparada ante los desafíos globales.

Rectora de la UJI y presidenta del CRUE